Minería: proyectan inversiones por US$1165 millones

En varias oportunidades desde que inició su gestión, el presidente Mauricio Macri afirmó que apuesta a la minería como uno de los motores del crecimiento de inversión y de las exportaciones argentinas. La reinstalación de las retenciones como consecuencia de la urgencia fiscal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia (saldrán otros dos en el corto plazo) que determinó la constitucionalidad de la ley de glaciares generaron incertidumbre en el sector, pero desde el Gobierno insisten en que no hay riesgos y hasta 2022 proyectan radicaciones por US$1165 millones. El 90% de esas inversiones están vinculadas al litio.
Cuando se firmó el Acuerdo Federal Minero con las provincias para homogeneizar las legislaciones, Macri planteó que el sector podría generar 125.000 empleos (por cada uno directo hay cinco indirectos) y aunque la gran “estrella” de los discursos oficiales es el litio, desde la Secretaría de Minería apuntan que el “verdadero salto” en ingresos y exportaciones será de la mano del cobre. “El litio representa el 2% del mercado mundial; el cobre tiene más participación y sus proyectos -aunque son menos en cantidad- requieren de más volumen de inversión”, explica Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera.
Con los precios internacionales vigentes, la exportación de oro (US$2412 millones en 2018, 70% del total del rubro) irá perdiendo participación (se estima que para 2024 la cifra será de US$1666 millones, 20% menos). Las ventas al exterior de cobre, en tanto, alcanzarían en 2024 los US$3041 millones, considerando los proyectos más avanzados en términos de estudios de factibilidad, fondeos y avances en la licencia ambiental. San Juan, Catamarca y Salta son las provincias con más reservas de cobre.
Los datos oficiales dan cuenta de 33 iniciativas mineras inventariadas, incluyendo las proyectadas y las que están en construcción (18 se encuentran en estado “avanzado” de exploración). Este año la inversión en el sector es de unos US$250 millones y 60% corresponde a exploraciones orientadas a ampliar los recursos en operaciones, mientras que el resto es en zonas de más alto riesgo.
Las proyecciones
Desde 2004 el crecimiento anualizado de las exportaciones es de 10,1% (en 2018 sumaron US$3858 millones, el sexto sector detrás de oleaginoso, cerealero, automotor, de petróleo y gas y bovino), mientras que el empleo, en ese lapso, aumentó a un ritmo anual de 5,7% (81.500 personas, incluyendo puestos directos e indirectos, lo cual representa 1,2% del trabajo registrado).
Según el cálculo, las empresas mineras vuelcan $20.136 millones en masa salarial al consumo tomando solamente los puestos directos. Y pagan en impuestos (a 2018), $29.176 millones (incluyendo cargas nacionales y provinciales).
“Hay una diversidad de situaciones, pero la minería es un sector estratégico para atraer inversiones y mejorar la balanza comercial -describe Sánchez-. Venimos trabajando en muchas líneas en el marco de una política concertada con las provincias que son las titulares dominiales de los recursos; modernizamos el marco normativo e incorporamos estándares internacionales además de informar sobre los beneficios para las poblaciones”.
Expectativa por el oro
La tendencia bajista de los precios del oro, iniciada entre 2011 y 2012, habría comenzado a revertirse en 2016, por lo que se espera un mejor escenario para los próximos años. Como toda exportación, la minera paga una retención del 10% con un tope de tres pesos si tiene valor agregado en términos de manufactura y de cuatro pesos si no hay valor agregado. De las exportaciones mineras, 35% corresponden a la provincia de Santa Cruz; 25%, a San Juan; 19%, a Catamarca y 9% a Jujuy. El resto se reparte entre otras jurisdicciones.
“El sector privado entiende que las retenciones son una medida transitoria; los inversores miran el largo plazo -dice Sánchez-. Hay otras decisiones que buscan favorecer las operaciones”. La referencia es a las resoluciones que simplificaron el registro para acceder a los beneficios para promover la actividad que incluye la rebaja de impuestos en gastos de exploración.