La petrolera Vista Oil & Gas, que fundó el ex CEO de YPF Miguel Galuccio, presentó el martes por la tarde un recurso de amparo en un juzgado contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires pidiendo la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno que estableció un tope a la cotización del dólar para la venta del petróleo crudo de $45,19 y congeló el valor del barril por 90 días.
En el pedido presentado a la Justicia no se cuestiona el congelamiento en sí, sino la forma en que fue implementado a la que consideran «inconstitucional». Según explicaron desde la empresa, el precio establecido para el barril hace inviables los proyectos en Vaca Muerta. Es más: la petrolera confirmó que ya levantó uno de sus equipos en la zona y evalúa lo que hará con otros cuatro durante los próximos días.
«No tuvimos otra alternativa dado que nunca nos llamaron verdaderamente a negociar ydebemos proteger a nuestros inversores. Nuestro capital y deuda flota en México y Nueva York y hace apenas tres semanas estábamos en el NYSE tocando la campana como primera compañía fully focused en Vaca Muerta antes de esta medida que paraliza el shale en el país», indicaron desde la empresa.
Algunas empresas del sector petrolero, consideran que que cualquier proyecto de producción en Vaca Muerta con el precio del barril estaba «justo», y que el actual valor, que quedó estancado alrededor de los USD 59 no es rentable.
El CEO de YPF, Daniel González, dijo en una charla con inversores que el impacto de la medida en la compañía sería de USD 120 millones mensuales. YPF es una empresa integrada que participa en las etapas de producción, refinación y comercialización. Según en qué parte de la cadena se encuentran otras compañías las pérdidas son diferentes: más para las que son solo productoras y menos para las refinadoras que, a pesar de tener aumentos en sus costos por la devaluación, pagan más barato el combustible que procesan.
Durante este miércoles, el Gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck presentará a través del Fiscal de Estado de la Provincia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto, donde se solicita que se suspenda su aplicación inmediatamente.
La medida afecta a las provincias petroleras de manera directa, ya que disminuye la recaudación por regalías y por el Impuesto a los Ingresos Brutos. Según los informes del Gobierno de Río Negro, en el caso de esa provincia las pérdidas alcanzan como mínimo a la suma de $587 millones en el período de 90 días.
Pero, además, desde el Gobierno provincial consideran que la medida genera «incertidumbre» sobre la actividad, según explicó el gobernador en un comunicado. «Perjudicará indirectamente inversiones y puestos de trabajo que se encuentra pendiente de evaluación», dijo.
«No dudamos que debemos realizar un esfuerzo entre todos para lograr una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, ahora, esto debe afrontarse entre todos igualitariamente«, argumentaron.
Desde el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa también advirtieron sobre el impacto negativo directo de la medida sobre la actividad en Vaca Muerta y alertaron sobre las empresas que ya anunciaron la baja de equipos de perforación.
Ante los reclamos de las provincias y las empresas, el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y el secretario de Gobierno de Energía, Gustavo Lopetegui, recibieron el martes por la tarde a las empresas del sector y a los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos.
Aunque no hubo definiciones sobre una marcha atrás o cambios en la modalidad del congelamiento, se acordó realizar un nuevo encuentro durante la semana que viene.
Estuvieron representantes de las empresas YPF, Shell, PAE, Tecpetrol, Pluspetrol, Chevron, Exxon Mobil, Equinor, CGC, Capsa Capex y Vista Oil. Por las provincias participaron el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.