Desde que Alberto Fernández resultó el candidato a Presidente más votado en las elecciones PASO, por una diferencia de 16 puntos porcentuales sobre el actual mandatario, Mauricio Macri, las empresas energéticas buscan conocer de primera mano cómo piensa el Frente de Todos (FdT) su sector.
Tarifas de servicios públicos y el desarrollo de Vaca Muerta y las energías renovables rankean alto en las preocupaciones de las compañías, que desean saber si van a poder continuar con los programas de inversiones obligatorias, girar dividendos al exterior y repagar sus desembolsos de los últimos años.
Al igual que la dispersión de visiones en cuanto a las recetas a aplicar para mejorar la economía, lo cierto es que el kirchnerismo todavía no tiene definido su modelo energético en caso de asumir en diciembre de este año, dado que conviven en el espacio posturas disímiles y encontradas sobre la gestión de Cambiemos, la razonabilidad de los aumentos de tarifas y la prioridad que se le asignará a las exportaciones y al abastecimiento local de gas, por caso.
El diagnóstico compartido es que las tarifas no podrán congelarse por un período largo -como ocurrió entre 2004 y 2014- ni que habrá aumentos descabellados hasta que mejore la situación económica y social.
Servicios públicos
Hasta el momento, las pocas certezas vienen del discurso público del candidato opositor más votado el pasado 11 de agosto. «Desdolarizar tarifas», repite Fernández, sería una de las primeras medidas que tomaría en su Gobierno, aunque no será fácil de implementar.
Las tarifas de gas y electricidad tienen tres elementos: el costo mayorista, que en ambos casos está desregulado; la remuneración a las transportistas y distribuidoras, que es un segmento regulado; y los impuestos.
En gas, el costo del millón de BTU (unidad de medida británica) está en dólares, pero el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), un organismo de jurisdicción nacional, lo pesifica a un tipo de cambio fijado semestralmente. A partir de abril, el costo del gas quedó en u$s 4,55 /MMBTU y el dólar en $ 41, lo que implica un valor de $ 186,55 por millón de BTU o $ 6,54 por metro cúbico de gas. A medida que el peso se devalúa frente al dólar, el costo mayorista baja; hoy ronda los u$s 3,25 /MMBTU.
Recientemente, el Gobierno dispuso postergar el incremento de las tarifas de gas hasta el 1° de enero de 2020. Para implementarlo, se deberá realizar una audiencia pública entre fines de noviembre y principios de diciembre, en la que se vuelva a llevar el gas a u$s 4,55 /MMBTU a un tipo de cambio más acorde al observado en las últimas semanas. Eso chocará con la voluntad del próximo Gobierno de trasladar a los consumidores el costo de la devaluación.
Los contratos entre productoras y distribuidoras fueron pactados libremente a través de subastas competitivas realizadas en febrero de este año. Mientras, las tarifas de transportistas y distribuidoras son reguladas, en última instancia, por el Gobierno nacional. Las empresas argumentan que afectar estos precios significaría un desincentivo para cumplir con las inversiones obligatorias pactadas en la Revisión Tarifaria Integral 2017-2021, desembolsos que podrían retrasarse o nunca completarse.
En electricidad, en tanto, el Estado paga a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) la generación de electricidad a través de contratos en dólares. El megavatio-hora (MWh) cuesta, en promedio, u$s 72; las hidroeléctricas pueden generar a u$s 25, mientras que las centrales térmicas más eficientes perciben unos u$s 55 /MWh y una central de energía renovables a biogás puede costar hasta un máximo de u$s 178 /MWh (aunque el promedio renovable ronda los u$s 55 /MWh, gracias a la energía eólica y solar, mucho más baratas).
Las tarifas de transmisión y distribución de electricidad, en cambio, la definen las provincias. Son los gobernadores quienes tendrán a su cargo el próximo esquema tarifario en este sentido.
El economista Esteban Kiper, ex vicepresidente de Cammesa entre 2013 y 2015 y referente del FdT (ver página 11), reconoció: «Sabemos que las tarifas no están dolarizadas».
En estricto off the record, el número 1 de una empresa del sector advirtió a El Cronista que «no se pueden pesificar costos que están en dólares». «Regularización tarifaria también implica mejora del servicio. Si las tarifas no acompañan la inflación, se va a resentir la calidad», explicó.
Una nueva etapa de congelamiento tarifario, si se tomara ese camino, tendría la limitación fiscal. Por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Estado debería reducir los subsidios energéticos a un 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020.
Para cumplir con eso, el próximo Gobierno deberá concentrar los subsidios a la tarifa social y seguir con el sendero de aumentos escalonados, aunque la crisis y la recesión impongan moderación. El FMI calculó que se necesitarán unos u$s 3800 millones para los subsidios el año que viene.
Vaca Muerta
Guillermo Nielsen, uno de los referentes económicos del candidato opositor más votado en agosto, plantea la necesidad de «blindar Vaca Muerta» de los cambios regulatorios habituales en Argentina.
La propuesta consiste en armar un esquema tributario especial, para favorecer la instalación de empresas medianas -como lo que propició el boom del shale oil en Estados Unidos- y asegurar los dividendos de las compañías con un fideicomiso radicado en el exterior.
Por esto, llamó la atención la frase de Fernández, que en España dijo que «no tiene sentido tener petróleo si las multinacionales se lo llevan».