La política tarifaria y energética del macrismo ha provocado un severo perjuicio patrimonial a la Nación, a las 23 provincias y sus economías regionales, a la ciudadanía, a las PyMEs industriales, los comercios, las industrias en general y los pequeños productores agropecuarios. Y lo ha provocado a través de una premeditada campaña fundada en el engaño y con un claro ánimo de lucro usurero. Las ganancias y distribución de dividendos han sido, en este sentido, siderales, abusivas y confiscatorias. Se ha violado el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016 y los más elementales derechos de los usuarios y los consumidores garantizados por nuestra Constitución Nacional.
El sector energético se ha convertido en un negocio lucrativo para las empresas integrantes de un selecto grupo de amigos de Mauricio Macri. Para ello, hubo primero que diseñar tarifas exorbitantes de tal suerte de generar renta usuraria donde no la había y, secundariamente, transferirla desde la demanda hacia la oferta. En pocas palabras, reconvertir la “renta de los argentinos y las argentinas” (excedente social) antes destinada al bienestar individual y colectivo y que permitía consolidar una política de desarrollo con inclusión (mercado interno y distribución del ingreso) en “renta energética usuraria” apropiada por el referido selecto grupo empresario. El instrumento para lograrlo fue la tarifa.
Entre los argumentos engañosos más utilizados para justificar y consumar dicha transferencia, la supuesta necesidad de revertir una supuesta “crisis energética”, generada a su vez por un supuesto derroche del consumo y de los subsidios. Por un lado, el esgrimido “derroche de consumo” es un mito de falsedad absoluta ya que, como se sabe, el consumo de energía de un país se relaciona fuertemente con el desarrollo del mismo. En la Argentina, el crecimiento en la demanda energética estuvo principalmente relacionado con el crecimiento económico y la progresiva movilidad social ascendente, no con el derroche. Por otro lado, sabida es la relación proporcional entre el nivel de industrialización de una nación y los subsidios a la energía. Como sea, con Macri siquiera los subsidios han desaparecido; más bien, se han reconvertido, multiplicándose además en pesos. Esa reconversión implicó un pasaje de subsidios antes destinados a la ciudadanía, a la producción y a la industria, a subsidios financiados por todos estos sectores (“subsidios ciudadanos y productivos”), pero redirigidos a ese mismo grupo empresarial. En síntesis: antes se subsidiaba a los usuarios para que tuvieran tarifas asequibles; ahora se subsidia a los “amigos de la energía” para garantizarles una rentabilidad extraordinaria.
Dicha transferencia estuvo signada por actos de corrupción o negociados VIP, que involucran a empresarios amigos/socios/parientes de Macri, así como al mismísimo presidente. Muchos funcionarios del ex Ministerio de Energía, como de la actual Secretaría de Energía, y autoridades de los entes reguladores presentan insalvables conflictos de interés que violan la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Los cuadros tarifarios implementados entre 2016 y 2019 y sus ajustes en igual período, así como los precios del gas en boca de pozo y los combustibles no guardaron ni guardan relación con los ingresos de los millones de hogares argentinos ni con la facturación del sector productivo e industrial, comercial, del pequeño productor agropecuario y de las economías regionales; tampoco, con una economía en desarrollo y que se proponga ser mucho más que un exportador de productos primarios agrícolas y extractivos no renovables (o supermercado de alimentos y bebidas importadas). Se ha llegado a un punto en el que la tarifa y su mecanismo de readecuación son, lisa y llanamente, incompatibles con una ciudadanía que aspire a vivir dignamente, con trabajadores formales con poder adquisitivo, con jóvenes accediendo a su primer empleo, con científicos investigando, con fábricas produciendo y exportando valor agregado con innovación científico tecnológica como sabemos lo pueden hacer las nuestras, con comercios abiertos y funcionando con normalidad, con economías regionales y pequeños productores pujantes agregando valor en el territorio, etc. Son, incluso y paradójicamente, incompatibles entre las propias empresas del sector (endeudamiento de las distribuidoras con las productoras, por ejemplo).
Por otra parte, e igualmente explicativo de la nefasta política energética de Cambiemos, los propios datos oficiales confirman que durante estos últimos cuatro años se produjeron desinversiones récord (o inversiones exiguas), expansiones de las redes de los servicios públicos nulas o entre las más bajas de la historia, paralización de obras y concreción de unas pocas, pero con destino de exportación (como ya ocurrió en los noventa).
El gas entregado y la demanda de electricidad están en mínimos históricos, mientras que la electricidad generada, por debajo de los niveles de 2014. O sea, más tarifa a menores costos operativos y obviamente lucros exorbitantes. La producción de gas que recién se recuperó en 2018 -y mediante los tan vilipendiados subsidios (sobreprecios, en realidad), en un contexto de desregulación total y flexibilización laboral- depende de una sola empresa y una sola concesión. La producción de petróleo, por debajo de la de 2015, la refinación a niveles de 2000 y las importaciones de combustibles batiendo récords históricos, a pesar del desplome del consumo interno. En la misma dirección, la sucesión de problemas en la distribución eléctrica no sólo no han menguado (reaparecen cada vez que la demanda es exigida), sino que han escalado aguas arriba. El colapso del Sistema Argentino de Interconexión ocurrido el 16 de junio del corriente es prueba irrefutable de ello.
El empobrecimiento energético es inédito para las familias, los trabajadores, las empresas, los productores agropecuarios y las economías regionales, pues como el tarifazo padecido no hay parangón en la historia contemporánea. Las ganancias y rentabilidades, la distribución de dividendos, la refinación, la comercialización de combustibles y la prestación de los servicios públicos han sido disociadas del bienestar común y la salud del mercado interno. Peor aún, estos cuatro años evidencian una relación perversa: : mientras más empobrecidos el mercado interno y la población, mejores resultados obtienen algunas compañías energéticas.