Represas de Santa Cruz: Electroingeniería demandó al Estado Nacional y podría complicar el avance de obras

La firma, que tenía como vicepresidente al empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, denunció irregularidades sobre los informes de impacto ambiental. La causa la inició en el juzgado federal de Río Gallegos, pero no avanzó y fue derivada a los tribunales de Buenos Aires.

La empresa Electroingeniería SA, integrante de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que construye las represas sobre el río Santa Cruz, sufrió un revés en la Justicia: no logró que una causa que había iniciado contra el Estado Nacional en el juzgado federal de Río Gallegos avance a su favor y la misma fue unificada con otros expedientes, en los que la justicia federal en Buenos Aires analiza la validez del estudio de impacto ambiental presentado en 2017.

La firma, cuyo vicepresidente era el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, presentó en 2021 una demanda contra el Estado Nacional por considerar que los organismos públicos dieron respuestas contradictorias sobre las condiciones sísmicas y los terrenos sobre los que se construyen las represas. En concreto, la pretensión de Electroingeniería era disipar las dudas que existen respecto de la solidez y seriedad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las mega represas que está construyendo.

Sin embargo, la causa no avanzó en Santa Cruz. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia declaró la conexidad del expediente iniciado por Electroingeniería con la causa que se sigue en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, donde se investiga el alcance de la reformulación de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz y remitió la causa. Allí se investiga el estado de la obra luego que se abriera una grieta en el suelo donde se construye la represa “Presidente Néstor Kirchner”, lo cual llevó a reformular la obra, en tanto que también analiza el posible impacto de los movimientos sísmicos sobre las obras.

En estos días, siguiendo la misma línea del fiscal federal Miguel Guilligan, interviniente en la causa, la jueza Macarena Marra Giménez confirmó que la demanda de Electroingeniería está conectada con la causa que ellos llevan adelante y debe unificarse con la causa abierta en ese tribunal hace ya seis años.

El planteo judicial de Electroingeniería denunciaba que dos oficinas del estado expresaron posturas contradictorias en el tema sísmico y apuntaba a que la justicia se expresara sobre la idoneidad y validez del EIA de la obra denominada “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz”, aprobado en 2017. Gerardo Ferreyra –quien en enero de 2020 recorrió la cuestionada obra con la vicepresidenta Cristina Kirchner- dejó su cargo como vicepresidente en 2019 y cedió sus acciones a familiares en 2020, según aseguran fuentes de la empresa.

La causa fue iniciada después de un fuerte sismo registrado en El Calafate y cuando la Corte Suprema ya había recibido un inquietante informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) sobre la omisión de datos sobre la peligrosidad sísmica de las obras.

Este Estudio de Impacto Ambiental se encuentra cuestionado por distintas ONGs ambientales -Aves Argentinas, Banco de Bosques, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre- y aguarda desde hace tiempo sentencias de la Corte Suprema de la Nación y de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

“El ´forum shopping´ de Electroingeniería fracasó, su estrategia fue iniciar una causa para obtener un fallo amigable a sus intereses a partir de informes sísmicos más convenientes que los oficiales, sin embargo no pudo llevarse el expediente judicial a Santa Cruz, ni generar controversia sobre los peligros sísmicos informados por el Inpres a la Corte Suprema”, afirmó a LA NACION, el abogado Cristian Fernández, que lleva la demanda en representación de la Fundación Banco de Bosques.

El letrado, experto en temas ambientales, destacó el carácter probatorio del informe del Inpres y aseguró que no puede ser reemplazado por los peritajes que propone la empresa por tratar de “informes funcionales a la UTE”. Y añadió: “Es como intentar tapar las grietas que deja un terremoto con una máquina excavadora”.

Por su parte, la firma Electroingeniería argumenta que la declaración de invalidez del EIA implicaría consecuencias negativas en la continuidad de las obras adjudicada al consorcio que conforma junto a China Gezhouba Group Limited e Hidrocuyo SA.

Sin embargo, será la Corte Suprema de Justicia la que decidirá sobre la nulidad solicitada por los ambientalistas sobre el EIA que permitió que la obra avance sobre el último río glaciar del continente y una medida cautelar que frene la obra en tanto que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal es quien deberá expedirse sobre los peligros sísmicos que implican emplazar represas en zonas cercanas a fallas geológicas activas.

El crítico financiamiento de las obras

En los últimos días trascendió un nuevo intento del Gobierno Nacional, que busca reactivar las negociaciones de financiamiento de las obras. La semana pasada, se llevó a cabo una reunión virtual entre autoridades del Ministerio de Economía y de la empresa estatal Energía Argentina -a cargo de la construcción de las centrales hidroeléctricas- con el China Development Bank, la entidad bancaria que lidera el consorcio de bancos que aportan el financiamiento comprometido en US$4714 millones para las dos represas.

Según fuentes oficiales, durante 2015 que se inició el envío de fondos, los bancos chinos habían desembolsado US$ 850 millones, entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Cambiemos, desembolsaron US$ 500 millones de dólares, en total US$ 1350 millones. Con las obras sin terminar de acuerdo a los plazos previsto, el financiamiento se cortó y, para recomponer los plazos de pago, China esperó a que la Argentina acuerde con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que sucedió recién en marzo pasado. Desde entonces, las obras se financian con aportes del Estado Nacional.

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