Japón aprobó este jueves la extensión de la vida útil de sus reactores nucleares para que puedan operar más de su límite actual de 60 años, en un cambio de política con la meta de reducir las emisiones de CO2 y garantizar su suministro eléctrico.
La decisión se produce un día después de que la autoridad reguladora, que supervisa la seguridad en los reactores nucleares, ya diera el visto bueno a las nuevas regulaciones que permitirán a los reactores operar más tiempo y por encima del límite anterior, y construir reemplazos para unidades que vayan a ser desmanteladas.
El objetivo es que el país asiático aumente del 20 al 22 ó 24 % el porcentaje de suministro eléctrico que se obtiene a través de la energía nuclear y dependa en menor medida de otros países tras la disrupción de suministros por la invasión rusa de Ucrania.
Esto supone un giro con respecto a la política que seguía el Gobierno nipón tras el desastre de Fukushima de 2011. A raíz del accidente nuclear, Japón introdujo medidas más estrictas, se redujo la vida útil de los reactores hasta los 40 años y abandonó la idea de construir nuevos reactores o reemplazar los antiguos.
Las centrales nucleares de Japón
En el contexto energético actual, el Ejecutivo considera que operar los reactores más de 20 años extra es posible si se producen una serie de mejoras de seguridad, especialmente contra desastres nucleares, y los reactores pasan las revisiones necesarias.
El Gobierno planea, además, recaudar alrededor de 20 billones de yenes (unos 152.000 millones de euros) a través de la emisión de bonos de “transformación verde” para impulsar la inversión en proyectos de energías renovables en los próximos 10 años, cuyo monto necesario estima en unos 150 billones de yenes (1 billón de euros) entre inversión pública y privada en ese período.
El Gobierno planea presentar los proyectos de ley pertinentes para su aprobación en la Dieta (parlamento nipón) durante la sesión ordinaria que arrancará a principios de 2023.
Japón entró en un “apagón nuclear” tras el accidente de la central de Fukushima Daiichi desencadenado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011.
El Gobierno y la nueva autoridad reguladora para la energía atómica establecieron criterios de seguridad más estrictos a raíz de esta crisis que obligaban a todas las plantas del país a suspender sus operaciones hasta atenerse a los nuevos estándares.
Solo unos pocos reactores nucleares han recibido el visto bueno de las autoridades para volver a funcionar, del total de 42 existentes en condiciones de operar, y la amenaza a la que se está viendo sometido el suministro nipón ha sido uno de los factores que han motivado este giro de política en el país insular, además de la búsqueda de una mayor sostenibilidad energética limpia.
La tasa de autosuficiencia energética de Japón fue del 13,4 % en 2021, en gran medida por su alta dependencia de las importaciones en ese campo.