El proyecto de promoción de GNL está terminado y definen el envío al Congreso

El Gobierno viene anunciando desde 2022 que avanzará con el proyecto de Ley de promoción de la producción de Gas Natural Licuado (GNL). Incluso estaba en el temario de las sesiones extraordinarias del verano para que lo trate el Congreso. Nada de eso ocurrió hasta el momento. Incluso, la semana pasada, el CEO de YPF, Pablo Iuliano, afirmó que el se enviará la iniciativa “en las próximas semanas”. Lo hizo en CERAWeek de Houston, el evento petrolero más importante del mundo. Lo cierto es que la presentación en el Congreso del proyecto de Ley de producción de GNL depende de los tiempos políticos del ministro de Economía, Sergio Massa, que acaba de recibir un duro golpe con el 6,6% de inflación de febrero. En el sector energético se espera que el proyecto ingrese en lo que queda de marzo. Según señalaron fuentes oficiales, el texto “está muy avanzado”. Cerca del titular del Palacio del Hacienda prefirieron, por el momento, no dar detalles.

La idea del gobierno es que la Ley permita concretar las inversiones para construir plantas de GNL con el objetivo de exportar mediante buques metaneros la creciente producción de gas en el país, sobre todo con los niveles productivos que está mostrando la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. El proyecto, que ya pasó por las distintas instancias en la Secretaría de Energía, es clave porque el mundo demanda cada vez más gas y porque sólo 20 países a nivel mundial tienen plantas de este tipo. Si bien se trata de infraestructura que estará operativa recién en -al menos- ocho años, la exportación a futuro podría ayudar a revertir el déficit energético, que en 2022 totalizó alrededor de US$ 4.500 millones.

La norma es esperada en el sector. En septiembre del año pasado, YPF y la malaya Petronas firmaron un acuerdo para realizar un estudio de factibilidad para construir gasoductos y una planta de GNL (podría estar en Bahía Blanca) para exportar gas de Vaca Muerta. La meta es que, en 10 años, cuando la planta esté operativa, ambas compañías puedan exportar 25 millones de toneladas de GNL por año. La inversión en una primera fase podría alcanzar los 10.000 millones de dólares. También en Bahía Blanca, pero de menor tamaño, las compañías Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur (TGS) tienen en carpeta otro proyecto para producir y exportar GNL. El presidente de Pampa, Marcelo Mindlin, sostuvo en febrero en la inauguración de la central térmica Ensenada Barragán, que “estamos esperando que se apruebe la Ley de GNL que le dé un marco a las inversiones, porque son proyectos a 30 años”. Y agregó que “sin una ley que regule, la actividad se vuelve difícil”.


Promoción

El proyecto de ley de promoción de GNL prevé beneficios fiscales y financieros para otorgarle previsibilidad a los desarrollos de esta infraestructura que vayan concretando las inversiones, según explicaron las mismas fuentes oficiales. Un punto importante es la estabilidad cambiaria para el repago de las deudas financieras iniciales. En concreto, como este tipo de infraestructura requiere de inversiones a largo plazo, algunos de los beneficios serían la estabilidad fiscal y regulatoria por períodos prolongados y la autorización de exportaciones a 25 o 30 años. Además, las compañías tendrían un porcentaje de disponibilidad de las divisas y podrían incluir que los juicios societarios se diriman en el exterior.

El GNL es gas natural, pero en estado líquido. Cuando se lo enfría a menos 162°C mediante el proceso de licuefacción pasa a estado líquido y reduce su tamaño 600 veces. Esto permite que se pueda transportar a otros países. Las plantas de este tipo demoran alrededor de ocho años para estar operativas y demandan una fuerte inversión. Por este motivo, la ley otorgaría beneficios económicos durante la etapa inicial.

En cuanto a lo técnico, la norma posibilitaría la construcción de plantas de producción de GNL y, además, la contratación de barcos de licuefacción de gas. Los beneficios fiscales y financieros dependerán del proyecto, ya que la ley distinguirá el tamaño de las plantas según la inversión prevista y la producción que alcancen.

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