Adem, durante el 2022 la minería a gran escala desplazó del tercer puesto al banano y al plátano en los meses de abril, junio, agosto y septiembre.
Las exportaciones mineras en Ecuador superaron -en valor- a las de banano y plátano de acuerdo con los datos presentados por el Banco Central del Ecuador (BCE) en su información estadística mensual. El total de las exportaciones de productos mineros fue de 334 millones de dólares en febrero de 2023, mientras que las de banano y plátano fueron de 329 millones.
Además, durante el 2022 la minería a gran escala desplazó del tercer puesto al banano y al plátano en los meses de abril, junio, agosto y septiembre.
En el recuento global de exportaciones del Ecuador -hasta febrero de este año- el sector minero se mantuvo como el cuarto rubro de exportación (después del petróleo, camarón, banano), y como el primero en exportaciones no tradicionales. Se consolida así, como el sector que más crece en nuestra economía.
“Estos números dan cuenta de la importancia de que más proyectos mineros avancen y se conviertan en las minas del futuro; no solo por los beneficios para el Ecuador a nivel de impuestos, generación de empleo y reducción de la pobreza, sino también para el mundo, ya que los minerales serán fundamentales para la transición energética que tanto requiere el planeta para enfrentar la crisis climática”, indica la Cámara de Minería del Ecuador.
Aunque las cifras económicas de la minería a gran escala son positivas, este sector enfrenta críticas por parte de organizaciones sociales e indígenas que se oponen a que se sigan aperturando nuevos proyectos y que el Estado siga otorgando concesiones mineras.
De hecho, actualmente existe un represamiento de las licencias ambientales debido al pedido de la Corte Constitucional de reformar el Código Ambiental para establecer y definir parámetros sobre la consulta ambiental y esto ya afecta al sector minero. La Conaie ha presentado una acción de inconstitucionalidad al decreto que emitió el presidente Guillermo Lasso sobre la consulta prelegislativa que es un paso previo para definir los términos de la consulta ambiental.