¿Es cierto que YPF precisa que la consultora Arthur D. Little le aconseje dónde levantar la planta de GNL? La tontería escala en la petrolera que dirige Techint. Es obvio que Bahía Blanca es una decisión más eficiente y que Punta Colorada es una decisión política que deberán pagar los contribuyentes todos. Hay interrogantes varios, luego de que YPF dijera mitad mentira / mitad verdad, acerca de su consulta al Gobierno de Axel Kicillof, con temor de cómo reaccionaría Javier Milei:
- ¿YPF necesita que Arthur D. Little certifique la decisión de la empresa ante Javier Milei?
- ¿YPF necesita certificar ante los gobernadores de Provincia de Buenos Aires vs. Provincia de Río Negro / Provincia de Neuquén, cuál es su decisión?
- ¿YPF tiene que convencer a Petronas, de Malasia, la otra punta del negocio del GNL?
- ¿Es consciente Arthur D. Little que sus ejecutivos intervinientes terminarán denunciados en la Argentina?
- ¿Hará previsión de recursos Arthur D. Little para pagar los abogados para sus ejecutivos denunciados?
En medio de este debate, un posteo de Alejandro Rodríguez, el ‘Topo’, director del Instituto Consenso Federal, quien fue diputado nacional por PBA y jefe de Gabinete de Verónica Magario en La Matanza:
«Habrá que denunciar a Arthur D. Little»
Según una rigurosa nota de Agustín Maza, en Infobae, la empresa YPF contrató “a la consultora Arthur D. Little para auditar y ‘garantizar la transparencia’ del proceso para elegir dónde se ubicará la planta de gas natural licuado (GNL)”.
El artículo también consigna que “la intención de la petrolera estatal es evitar que se comente que esa decisión se tomará por cuestiones políticas”.
Es evidente que están llegando tarde con ese cometido. La intervención política y la arbitrariedad ejercida desde el poder del Estado es una realidad que ni el Presidente Javier Milei ni la máxima conducción de YPF hayan querido disimular.
Muy por el contrario, la campaña en contra de la provincia de Buenos Aires se viene haciendo en los principales medios de comunicación de manera sistemática.
El apriete que el Presidente de la Nación y el Presidente de YPF, Horacio Marín, le vienen pegando a la provincia de Buenos Aires es indisimulable.
Ambos, además, han sido muy explícitos en descalificar la alternativa de Bahía Blanca. El Presidente la rechazó en un largo reportaje periodístico.
Si la consultora Arthur D. Little no revisa el video de ese reportaje, en el que el mismísimo Presidente de la Nación se inmiscuye en el proceso y rechaza la opción de la Provincia de Buenos Aires con fundamentos políticos e ideológicos; y si no incluye en su informe final una advertencia al respecto, no sólo habrá renunciado al rigor profesional de un trabajo de auditoría, sino que debería ser denunciada.
Por otra parte, habría que advertirle a la consultora contratada que el argumento del Gobierno y de YPF, acerca de que la provincia que no adhiera al RIGI tendrá menos ventajas, no sólo es falso sino que es tendencioso y constituye un eslabón más de la cadena de arbitrariedades políticas para amañar todo el proceso.
La eventual “adhesión” provincial al RIGI sólo tiene un valor político; no es una regla necesaria, porque los títulos, capítulos y artículos del RIGI no son una norma de adhesión.
Sancionado por el Congreso y publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, el RIGI tiene vigencia en todo el territorio nacional sin que las provincias y CABA adhieran.
Como es natural en una ley que define políticas nacionales de incentivos a la inversión, no hay en el texto del RIGI mención alguna a que las provincias deban adherir para que los incentivos tengan vigencia.
Lo que hizo Río Negro es aprobar una ley que dice: “adhiero”. Tiene derecho a hacerlo, pero es redundante y ninguna provincia necesita adherirse para que el RIGI esté vigente en todo el territorio nacional.»