El Gobierno hizo oficial el plan de exploración minera masivo para buscar cobre en Malargüe. Se trata del proceso de evaluación del Distrito Minero Malargüe Occidental, un plan sui generis que incluye una superficie de más de 20 mil kilómetros cuadrados y cientos de propiedades mineras. La novedad es que en un mismo informe de impacto ambiental buscan aprobar 34 proyectos y que, en el mismo camino, pase una sola vez por la Legislatura.
Al hilar fino en el plan hay otras particularidades: más de 20 mil kilómetros cuadrados, 34 proyectos y sólo tres propietarios, con una alta concentración en un estudio contable cuyos dueños han sido parte de la empresa estatal que promueve el Plan, es decir Impulsa Mendoza. La empresa estatal es la que presentó el proyecto, la que financió los estudios y la garante general de los procesos.
El proceso de evaluación se inició hace tiempo, pero se hizo oficial recién ahora a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución conjunta de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental. En Mendoza la evaluación y el control de la actividad es compartida por esas dos áreas, que ahora están bajo la órbita del mismo Ministerio. La documentación presentada incluye el Plan general y los informes de cada proyecto. Es ese sentido, no hay especificidad de los trabajos en cada sector, sino que se tomó un modelo que fue replicado en cada caso.
El proceso sigue con los informes sectoriales que se pidieron y que aún no han sido publicados. Los que deben dar su opinión son la Municipalidad de Malargüe; el Departamento General de Irrigación; la Dirección de Áreas Protegidas; la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética; la Dirección de Ganadería; la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT). La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria será quien elabore el informe que la ley obliga.
Los trabajos propuestos son de prospección y exploración. Los primeros tienen un bajo impacto porque incluyen relevamientos, toma de muestras superficiales y tareas realizadas con tecnología. En la segunda etapa de exploración podrían realizarse perforaciones para tomar muestras a distintas profundidades. Minería catalogó al plan como de bajo impacto, por lo que no se evalúa como una Manifestación General de Impacto Ambiental, sino con la categoría de Informe. Igual, se convocó a audiencia pública, que será el 26 de agosto.
La intención del Gobierno es que, una vez terminados los procesos administrativos, se eleve a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental para que sea tratado y aprobado con celeridad. Es que, aseguran, pretenden llegar a la próxima temporada con algún proyecto en marcha. Como se trata de la cordillera de los Andes, no se puede trabajar todo el año.
El plan
Cornejo puso como prioridad para su gobierno que se haga minería en Mendoza, aún «pagando los costos». Lo hizo sabiendo que hay una amplia porción de la sociedad que cuestiona esa actividad, pero viendo una oportunidad política por el contexto nacional y económica por la decadencia de la Provincia.
Ese plan incluyó cambios normativos, con un nuevo Código de Procedimiento Minero y la reglamentación del decreto 820; la unificación del tema en un solo ministerio (sin subsecretario de Ambiente), la promoción en el exterior para tratar de sacar el prejuicio sobre Mendoza y lo más osado es el Distrito Minero, donde esperan que se concreten señales de acción. Igual, ese plan no tendrá impactos inmediatos, pues se trata de una industria de muy largo plazo.
La empresa estatal Impulsa Mendoza presentó el plan como iniciador y garante. Antes, compraron el proyecto El Seguro (tasado en 8 millones de pesos) para que sirva de mascarón de proa. Impulsa contrató a la consultora GT Ingeniería para elaborar el Informe de Impacto Ambiental general y el de todos los proyectos. Los propietarios de minas en la zona podían adherir el plan con la sola firma, sin arriesgar capital en esa primera instancia. Sí se comprometen a que, una vez aprobado el plan en la Legislatura, inviertan para ejecutar la exploración.
Al principio se había pensado en enviar más de 100 proyectos. Pero hubo 34 adhesiones formales y poca diversidad. La empresa APELEG es la que concentra mayor cantidad de proyectos. Se trata de un estudio contable integrado por consultores especializados en minería, pero que no ejecutan trabajos. Es decir, son intermediarios. La empresa es del estudio Torre-Pulisich, que tiene experiencia y contactos en la industria minera y energética. En su cartera de clientes hay empresas del sector y han sido parte de las misiones oficiales al exterior. Una de las particularidades que es motivo de análisis legal es que Julio Pulisich fue parte de Potasio Río Colorado y de Impulsa Mendoza. De hecho fue síndico de ambas empresas estatales. Fue, justamente, Impulsa Mendoza la que elaboró el plan y la duda es si el estudio Torre-Pulisich tuvo acceso a información privilegiada antes de que se hiciera público todo. La empresa Mirasol también adhirió al Plan con dos proyectos. Hanaq, Consolidated y AgAuCo también tienen participación.
En el Distrito hay nacientes de ríos y más e 600 glaciares, que fueron declarados como zona no apta para el plan de exploración. En cuanto al empleo a generar, se espera que vaya escalando según los resultados. En el proyecto «modelo» que es replicado en todos lso casos, se prevé un pico de 88 personas contratadas de manera directa como máximo (incluyendo la perforación).
