El procedimiento que inició el Gobierno para impulsar un «shock» de exploración minera en búsqueda de cobre en Malargüe avanza con distintos matices y ahora recibió un aval legal fundamental: Fiscalía de Estado rechazó de plano una denuncia que se había presentado para frenar el procedimiento por supuestas irregularidades. Ese organismo extrapoder no le dio curso al reclamo y, además, respaldó el proceso llevado adelante. Pero al mismo tiempo dejó abierto el expediente porque consideraron que aún hay información que debe ser incorporada. Justamente el principal argumento del rechazo a la denuncia es que se trata de un proceso en curso y no de un hecho consumado.
«Las denuncias en trámite resultan improcedentes», determinó el organismo conducido por Fernando Simón. La denuncia había sido presentada por Eduardo Sosa, un reconocido ambientalista que, además, fue jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente en el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Entre los argumentos del rechazo se menciona que la denuncia se hizo sobre un proceso en trámite, es decir que no estaba concluido. Además, desde Fiscalía consideran cumplidos los requisitos de «publicidad» del inicio del procedimiento de impacto ambiental y también que están dados los pasos establecidos por la ley provincial de ambiente.
Para el Gobierno es un aval político y legal fundamental. Y así lo hicieron saber. «esta es otra actitud más de personas que no quieren que se genere empleo de calidad, que no quieren que Mendoza crezca y que no quieren que se generen nuevas fuentes de empleo para los mendocinos», expresaron desde el Gobierno a través de un comunicado.
Aval y análisis permanente
El Malargüe Distrito Minero Occidental es el plan para ejecutar un shock de exploración en una zona de 20 mil kilómetros cuadrados en el departamento del extremo sur de la provincia. Además de aprovechar la oportunidad que creen que hay por la fiebre del cobre, buscan marcar un hito: que haya minería metalífera en Mendoza. La empresa estatal Impulsa Mendoza encabeza el plan y es quien presentó el informe de impacto ambiental. Los dueños de propiedades mineras de la zona podían adherir para incluirlos en el proceso. La intención es que se avalen todos los proyectos juntos y se traten también en conjunto en la Legislatura y cumplir así lo que indica la ley 7722.
Ahora hay un momento clave, pues se suman los informes sectoriales de organismos técnicos. El aval de Fiscalía es un elemento fundamental. Lo particular es que la denuncia y el dictamen de Fiscalía se ejecutaron antes de que estén los análisis del IANIGLA, Irrigación, la Municipalidad y otros más. «Un análisis preliminar muestra prima facie que el caso refiere a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en plena sustanciación, en el que aún no se han concretado ni informes técnicos y sectoriales, ni la audiencia pública, que el régimen legal contempla como elementos necesarios para que la autoridad de aplicación pueda resolver –sea en favor o no- sobre lo peticionado por los proponentes. Por ello, un aspecto preliminar a analizar es si las denuncias se dirigen hacia hechos que a la fecha resultan justiciables», explican desde Fiscalía de Estado. «Este estadio procedimental implica que las actuaciones objeto de la denuncia no se han definido, dependiendo en gran parte dicha definición de los contenidos que surjan de los informes y audiencias aún pendientes. Ello hace que en principio resulte prematuro considerar la interposición de una acción judicial», agregan. Por eso Simón fue tajante: «Lo expuesto conlleva observar in limine que la denuncias en trámite resultan improcedentes, sin perjuicio de lo que se considerará en el punto V y VI de este Dictamen en cuanto al control de legalidad preventivo que se entiende oportuno realizar en esta instancia y en oportunidades futuras», determinó.