Un fallo judicial en Neuquén cuestionó a la autoridad que otorgó permisos y multas ambientales. Hay incertidumbre en la industria que espera señales del Gobierno.
El fallo del juez Juan Guaita en el juicio por los transformadores con PCB, un líquido cancerígeno, cuyo expediente estuvo cajoneado siete años y que terminó sin responsables en la justicia penal, prendió alarmas en Vaca Muerta. El argumento central del juez, sobre un exfuncionario de Omar Gutiérrez, podría salpicar a la industria, y hay preocupación en el sector.
El lunes de la semana pasada se conoció el veredicto de juez, que declaró no responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al exsubsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli (ver detalles del caso adelante), que lideró esa cartera entre noviembre del 2016 y abril del 2023.
Y si bien el PCB (un líquido refrigerante y tóxico de transformadores) no tiene nada que ver con el desarrollo del shale, el argumento central de Guaita fue que el exfuncionario no era autoridad de aplicación de la ley 1875, de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente en Neuquén. Esto planteó un mar de dudas en la industria, ya que, además de aplicar multas, entre las funciones del área figura el otorgamiento de licencias ambientales para desarrollos hidrocarburíferos.
El tema llegó al área de Legales de algunas operadoras y tras las consultas que realizó este medio, lo que se desprende en general es que hay preocupación e incertidumbre. Y es lógico porque si Lucchelli no era autoridad de aplicación, todo lo que lleva su firma en ese carácter es, por lo menos, cuestionable.
Esto se plantea como un problema grande que debe ser aclarado».
Empresa con activos en Vaca Muerta.
«Esto se plantea como un problema grande que debe ser aclarado”, le dijeron a Diario RÍO NEGRO, desde una empresa con activos en Vaca Muerta. “Interpretamos que seguramente el fallo será discutido para que no quede en firme”, sumaron desde otra compañía, con proyectos en la Cuenca Neuquina.
Para las empresas, el fallo no necesariamente significa que los permisos y multas firmadas por el exsubsecretario se caen. Sin embargo, entienden que pueden quedar en una suerte de limbo, donde un tercero puede presentarse y aludir que no fueron autorizados por una autoridad de aplicación.
«Parece que no se midió el impacto de definir que no era autoridad de aplicación», agregaron.
El tema podría subsanarse si un funcionario actual con el rango que el juez planteó (ver adelante) ratifica lo firmado por quién para él no era autoridad de aplicación. Desde la industria descreen que eso suceda, teniendo en cuenta el cambio de administración provincial.
El 10 de diciembre de 2023 fue la baja oficial de Juan de Dios Lucchelli al cargo de subsecretario, sin embargo, por “días adeudados” desde abril se tomó licencia. Fue durante la –extensa- transición entre la administración de Omar Gutiérrez y de Rolando Figueroa.
Los detalles del juicio: el expediente que nadie tomó
El juicio en cuestión duró tres días y pasaron varios testigos, entre funcionarios y exfuncionarios de la subsecretaría y del área de Legales. El fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, también citó al exministro de Seguridad, Trabajo y Medio Ambiente Jorge Lara, (ahora presidente de Corfone), y al exsubsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
Tal como detalló este medio, el caso de los transformadores con PCB de Plottier comenzó en abril del 2023. En el marco de la investigación se descubrió que en octubre de 2016 el área de Legales de la subsecretaría de Ambiente había redactado un proyecto de multa a la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad.
Sin embargo, ese mes el cargo de subsecretario estaba vacante por la renuncia de Ricardo Esquivel, y Juan de Dios Lucchelli asumió el 1 de noviembre del 2016. Lo cierto es que Lara no lo firmó y tampoco lo siguió Lucchelli al asumir.
En concreto, para el juez, la responsabilidad del seguimiento del expediente cajoneado de PCB era del exministro Lara a quien, dicho sea de paso, no se lo podrá imputar penalmente porque ya participó en la causa como testigo.
Como se indicó al inicio de este artículo, el argumento central del juez Guaita es que el exsubsecretario Lucchelli no era autoridad de aplicación, sino que el responsable en materia ambiental era el ministro o secretario de Estado con rango de ministro.
Con lo cual, la principal preocupación de las empresas del sector es qué pasa ahora con todos los documentos (permisos, multas) que fueron firmados solo por Lucchelli, y no fueron ratificados por una autoridad superior, como sí pasó, por ejemplo, en el derrame de YPF en 2018.
El histórico derrame de YPF en Bandurria como caso testigo
El histórico blowout de YPF en el área Bandurria Sur de Vaca Muerta en 2018, derivó en la multa más alta en la historia de la formación: $32.936.690. Además la Provincia determinó la suspensión definitiva de la licencia ambiental de cuatro pozos en la “locación 8” del bloque en cuestión, algo también inédito.
La dura sanción fue lógica, y es que en total fueron 47,6 las hectáreas afectadas en diversos niveles, por el descontrol del pozo petrolero. Para poner en perspectiva, la multa fue de 33.000 ius que al valor de hoy cotizan $1.983.615.150.
En el veredicto, el juez Guaita señaló que, si bien la multa fue dictada por el entonces subsecretario Lucchelli, luego fue ratificada en “distintas instancias” por el secretario de Estado o ministro y finalmente por el gobernador.