Contexto del litigio millonario
La decisión se enmarca en el prolongado juicio por la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La jueza Loretta Preska ya había condenado al Estado argentino hace dos años a pagar una cifra multimillonaria que, con intereses, ronda actualmente los 18.000 millones de dólares.
Próximos pasos en la apelación
Si bien esta es una medida administrativa puntual, el proceso judicial de fondo continúa. La presentación de los escritos argumentales para la apelación formal de la orden de entrega de acciones está prevista para el 25 de septiembre. Además, la semana del 27 de octubre, después de las elecciones legislativas, se llevará a cabo la primera audiencia para empezar a tratar la apelación de fondo, que busca impugnar la condena entera impuesta por la jueza Preska. Se estima que a principios del próximo año, la Cámara decidirá si la condena de la jueza es correcta o no.
Argumentos de Argentina y el apoyo de EE.UU.
Entre los argumentos que Argentina presentó para evitar la entrega de las acciones se encuentran:
- La violación del principio de cortesía internacional, conocido como “comity”.
- La violación de la inmunidad soberana de Argentina, un argumento que también fue respaldado por Estados Unidos en su presentación como “amicus curiae”.
- El hecho de que las acciones de YPF están depositadas en Argentina, no en Estados Unidos, y que no tienen relación con la actividad comercial de la petrolera en la que se basa el caso de Burford.
Los abogados estadounidenses del país, bajo la dirección de la Procuración del Tesoro de la Nación, argumentaron semanas atrás que los demandantes no lograron demostrar ningún perjuicio en caso de que se suspendiera la entrega de las acciones. Subrayaron que “la ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos”.