El Banco Interamericano de Desarrollo realizó una comparativa entre diez mercados de la región que impulsaron programas y mecanismos específicos que tendrían impacto en la reducción del CAPEX de proyectos renovables.
En su documento “Evolución futura de costos de las energías renovables y almacenamiento en América Latina”, que recopila datos relevados por Wood Mackenzie, se analizan medidas políticas que tomaron en los últimos años Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
En el primero de estos países se identifica que el mecanismo de apoyo con mayor impacto en la reducción del CAPEX de proyectos de energías renovables fueron las licitaciones.
En Argentina, con el denominado Programa RenovAr, se otorgaron contratos PPAs a 20 años con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a los proyectos renovables más competitivos en cada tecnología (energía solar, eólica, biomasa, biogás, biogás de relleno sanitario, minihidroeléctrica).
Son más de 150 proyectos. Pese al riesgo país y condiciones macroeconómicas que complican el financiamiento, con el cambio de Gobierno federal aquellos contratos adjudicados se continuan firmando. La última información relevada por nuestro medio indica que se suscribieron 7 contratos por 45 MW que estaban pendientes. La expectativa es que se avance con los restantes en este primer trimestre pero empresarios requerirían que se aseguren mejores condiciones para cada tecnología.
Los incentivos fiscales que fueron impulsados a la par de las licitaciones resultaron significativos también para reducir costos de los proyectos. El BID advierte en su documento por ejemplo la exención de aranceles hasta finales de 2022 para “41 componentes relacionados con energías renovables”.
En Brasil, la previsibilidad de subastas también generarían un entorno optimo para la competitividad “aumentando la presión sobre los precios a lo largo de toda la cadena de valor y suministro”.
Las empresas ya preparan sus propuestas para cuatro convocatorias de “energía nueva” a desarrollarse este año y el año próximo (ver el cronograma en esta nota de Energía Estratégica). Los últimos valores máximos fijados por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) fueron US$ 46 para eólica y US$ 51 para solar, en el marco de la licitación A-6 de octubre de 2019.
No obstante el BID indica que en este país se “está cambiando cada vez más hacia esquemas de libre mercado/contratos de suministro bilaterales entre el proveedor y el comprador, en vez de subastas”.
Por su parte, Bolivia se destaca por no tener requisitos de contenido nacional y por exenciones fiscales a la importación de equipos de energía renovable que no pueden ser fabricados localmente. Y, aunque sólo tendría un 5% de arancel a la importación de paneles fotovoltaicos e inversores, sus planes de incorporar unos 411 MW solares en 2020 no se verían intervenidos más que por la situación política y social que atraviesa actualmente.
En el caso de Chile, que finalizó un 2019 con un estallido social que despertó nuevas medidas del Gobierno, no detuvo sus licitaciones públicas y privadas a llevarse a cabo este año.
Mientras que la primer convocatoria de la iniciativa privada para clientes libres estará abierta al registro de interesados hasta el 30 de junio, la próxima Licitación de Suministro Eléctrico para clientes regulados tendrá como fecha límite de presentación de las propuestas al 27 de mayo de 2020.
Chile se destacaría por ofrecer un mercado de certificados de energías renovables que también impactaría (aunque en menor medida) en reducir el costo de proyectos con estas alternativas de generación.
“Bajo el actual régimen de apoyo, la partes que están sujetas a la obligación pueden cumplirla mediante la obtención de certificados verdes, ya sean emitidos a ellas o adquiridos en el mercado”, indica el cuadro comparativo del BID.
México también tendría un título que acredita la energía limpia y lo denominaría CEL. Un CEL ampara la generación de 1 MWh de energía eléctrica limpia, según define la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Ahora bien, como su precio depende de la oferta y la demanda correría riesgos de sufrir depreciaciones si alguna de estas se modifica.
De acuerdo con lo que advierten especialistas del mercado mexicano, “Los cambios de criterio en los CEL podrán llevar a una sobreoferta de 50 millones de certificados en 2020. Y el sector privado es quién más recibirá el impacto en el corto plazo”.
Con aquello, el impacto de los CEL en la reducción de proyectos renovables podría tender a ser nula. También podría tener un efecto contrario la detención de licitaciones eléctricas a largo y mediano plazo que habían logrado incentivar la competencia hasta lograr precios récord en eólica y solar.
Las medidas de protección que advierte el BID que podría acompañar el desarrollo del sector serían exigencias de contenido local en la realización de nuevos parques renovables, que “es probable que la administración actual las esté considerando”.
Colombia, además de apostar al desarrollo de renovables con sus licitaciones lanzadas recién el pasado año, está avanzando desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con proyectos específicos para diferentes sectores energéticos. Entre ellos, desde Energía Estratégica resaltamos dos que interesan fundamentalmente al empresariado de renovables: el plan que propuso la Bolsa Mercantil (VER NOTA) y el mecanismo de Mercado Anónimo Estandarizado (MAE) que sugirió Derivex.
Hasta que estos se concreten, el Gobierno colombiano estaría colaborando con la reducción del CAPEX de proyectos renovables con medidas fiscales que definen la deducción del impuesto sobre la renta del 50% y la exención de impuestos de importación y al IVA. (…)