El Ministerio para la Transición Ecológica lanzó a audiencia pública, la semana pasada, un Real Decreto-ley que regula las subastas de renovables. El RD ha generado la oposición del sector eléctrico. Las comercializadoras señalan una posible distorsión del mercado, ya que el incentivo no se pagará vía peajes sino como precio de la energía.
El RD regula el nuevo régimen económico de los productores de energía renovables, adjudicatarios de las subastas. Serán 30.000 MW en la próxima década, que permitirán lograr los objetivos de descarbonización.
La propuesta ha levantado la oposición de comercializadoras, independientes y tradicionales, y de consumidores, sobre todo industriales. Así, consideran que es una vuelta a precios regulados, especialmente, para una parte de la energía del sistema.
El RD regula el mecanismo, es decir, que el producto a subastar será la potencia, la energía producida o una combinación de ambas. La variable, como decíamos, será el precio en euros MWh. Pero, además, el RD revoluciona la vía por la que las renovables cobrarán las subvenciones derivadas del nuevo régimen económico.
Ayudas añadidas a las facturas de los usuarios
Las ayudas para el desarrollo de las energías verdes se liquidan, hasta el momento, como un coste del sistema eléctrico, a través de los peajes. Antes de la reforma de 2013, mediante una prima por producción. Después de dicha reforma, por incentivo a la inversión, incluida la capacidad adjudicada en las tres únicas subastas realizadas en España entre 2016 y 2017.
Con el nuevo RD, las ayudas futuras se endosarán al precio de la energía que pagan los usuarios en su factura.
Al quitarlas de los peajes de acceso el Gobierno evita posibles subidas de estas tarifas derivadas del apoyo económico a las renovables.
Además, el Ejecutivo ya no tiene en sus manos la posibilidad del déficit de tarifa, una hipoteca con la que se camuflaban subidas políticamente indeseadas. Ahora, la potestad de fijar los peajes está en manos de la CNMC.
Sin embargo, la liquidación no estará en manos de este organismo, sino del operador del mercado, OMIE. El mismo trasladará el sobre-coste o sobre-ingreso a las comercializadoras, hora a hora.
Los adjudicatarios se garantizarán un precio/MWh en las subastas. Pero si el que reciben por vender su energía es inferior al del mercado, OMIE repercute la diferencia a la comercializadora; y lo hace en proporción a la energía consumida, que lo traslada a su vez al cliente. Y si es inferior, devuelven la diferencia, o se balancea.
Oposición del sector eléctrico
La oposición del sector eléctrico se transmitirá en las alegaciones al RD. Explican que, en horas de abundancia de energía renovable, OMIE trasladará al consumiros un precio muy superior al conseguido en momentos con mucha producción. Será en torno a 25 euros/MWh, el valor que estiman se fijará la retribución de renovables.
En contrapartida, las horas con menor producción de renovables, trasladarán al consumidor un precio más bajo; en esas horas devolverán la diferencia entre el precio del mercado y el garantizado en la subasta. Por tanto, explican:
“Se anestesian las señales de precios, invalidando la gestión de la demanda, pues los usuarios no reaccionarán ante fluctuaciones de precios”.
Con todo esto, las comercializadoras se plantearán un problema para ofrecer un precio al cliente. Ahora lo hacen estimando consumo y coste de energía que ellas compran en el mercado. Lo difícil será que sepan cuánta energía tendrán que pagar al precio de la subasta renovable en cada hora del año. La situación es tan complicada que será el usuario el que termine pagando, según explica una comercializadora.
Además, los grandes perjudicados serán los consumidores industriales. Hasta ahora apenas han pagado los incentivos de las renovables sufragados vía peajes de acceso. A partir de ahora, el que más energía consuma en las horas valle, algo habitual en las fábricas, pagará más cargos.
Alegaciones
Una de las alegaciones que preparan las comercializadoras contra el RD explica que:
“Si a un 30% de la energía que se genere en el futuro (los 30.000 MW de renovables que se instalarán hasta 2030) se le garantiza un precio fijo durante 10 años o más (en periodos tan largos puede pasar de todo), el que resulte de las nuevas subastas, el mercado quedará totalmente distorsionado y con dos señales de precio (a corto y a largo plazo) y cuestiona la libre competencia en un mercado ya, de por sí, difícil”.
Las compañías esperaban que la nueva subvención a la producción, reclamada por las renovables desde hace mucho tiempo -y contrarias al actual incentivo a al inversión-, se reclamara con un cargo en los peajes, como hasta ahora. Explican que el proyecto:
“Hace que los compradores sean lo que tengan que asumir el precio fijo de las subastas, corriendo además con el riesgo de volumen de la generación renovable en cada hora”.
Y los consumidores:
“Tendrán que pagar, sí o sí, el precio fijo de las subastas, en la parte que les toque, que ya no dependerá de la oferta y la demanda».