El Consejo y el Parlamento Europeo han fijado hoy la obligación para los Estados miembro de la Unión Europea de reducir su consumo final de energía en un 11,7% para 2030 en comparación con 2020.
Por el momento, se trata de un acuerdo a nivel de negociadores que necesitará la aprobación formal de los Estados miembro y del Parlamento Europeo. Una vez se de el visto bueno, entrará en vigor tras publicarse en el Diario Oficial de la UE.
Reducción del consumo final de energía de la UE
El nuevo umbral supone la energía consumida por los usuarios. La normativa será vinculante para todos los Estados miembro.
Es importante apuntar que el objetivo de consumo de energía primaria, en el que se incluye la producción y el suministro de energía, será solo indicativo.
El acuerdo establece que las estrategias de reducción del consumo final de energía serán implementadas por cada país e incluidas en los planes nacionales integrados de energía y clima. Además, deberán actualizarse en 2023 y 2024.
La fórmula para calcular las contribuciones nacionales al objetivo será indicativa, con la posibilidad de desviarse de ella en un 2,5%, mientras que corresponderá a la Comisión calcular si todas las contribuciones suman el objetivo del 11,7%. De no cumplirse, Bruselas establecerá correcciones para las contribuciones nacionales que sean inferiores al porcentaje.
Según informa la Unión Europea en un comunicado, la fórmula de cálculo tiene en cuenta indicadores como la intensidad energética, el potencial de ahorro energético, el desarrollo de energías renovables y el PIB per cápita.
Aumento del objetivo de ahorro energético anual
Por otro lado, el Consejo y el Parlamento han definido también un aumento gradual del objetivo de ahorro energético anual para el consumo final de energía de 2024 a 2030.
De este modo, los Estados miembro habrán de asegurar nuevos ahorros anuales del 1,49% del consumo final de energía por término medio durante este periodo. El objetivo es lograr el 1,9% de ahorro a finales de 2030.
Por último, el acuerdo incluye una obligación para el sector público: alcanzar una reducción anual del consumo energético del 1,9%. De este objetivo, se puede excluir el transporte público y las fuerzas armadas. De igual manera, los Estados miembro deben renovar, al menos, el 3% de la superficie total de los edificios de organismos públicos cada año.