El proyecto de ley de hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero que el Poder Ejecutivo de Argentina elevó al Congreso Nacional días atrás, ya comenzó a tener repercusiones dentro del sector energético local.
Más allá de que si también se debe (o no) considerar al H2 producido a partir de gas natural y energía nuclear dentro del régimen de promoción a 30 años y a sus respectivos beneficios impositivos, uno de los focos críticos está vinculado al contenido nacional previsto en la iniciativa .
“En cualquier industria que no existe, no hay que empezar por el lado de la obligación. Lo del componente local es algo que iría mostrando que crezca en el tiempo”, señaló Juan Pablo Freijo, CEO de Sempen, durante un encuentro del Centro Argentino de Ingenieros (CAI).
“Si se empieza poniendo una condición obligatoria hoy, no puede arrancar la industria porque no está desarrollada la cadena de suministro. Pero si en cambio, se muestran señales de que esta industria se puede instalar, van a venir y ahí va a haber un mercado local de proveedores que va a permitir que crezca, como pasó en Brasil con las renovables”, agregó.
El proyecto de ley propone que, para el caso de proyectos de hidrógeno verde, se requerirá una integración mínima de contenido nacional que aumentará de forma paulatina entre 35% (a partir de la entrada en vigor de la ley), 45% (a partir del sexto año) y 50% (desde el undécimo año), con el objetivo de consolidar una matriz productiva nacional que genere empleo de calidad en el sector.
Aunque para el cálculo de esos porcentajes mínimos, no será válido el cómputo del valor correspondiente a las obras civiles o de infraestructura ni a la mano de obra. Asimismo, también deberán netearse los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, los gastos financieros, descuentos y bonificaciones.
Hechos que serán supervisados por instituciones encargadas de certificar el origen y las características del proceso de producción del H2, como por ejemplo la Agencia Nacional del Hidrógeno (AgenHidro), que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Por otro lado, Juan Pablo Freijo también hizo hincapié en la falta de financiamiento “profundo, accesible y competitivo” en Argentina para la industria de capital intensivo del mencionado vector energético.
“Debemos generar una historia de credibilidad en mercados financieros que permitan atraer capital desde los mercados internos y desde afuera. Y las inversiones necesarias para aprovechar el potencial eólico y solar, deben venir de afuera. No nos alcanza el mercado financiero argentino para financiar el tamaño de oportunidad que tenemos”, apuntó.
“El marco regulatorio que generemos es algo donde también podemos actuar. Y el mismo debe ser estable y competitivo, tenemos que mirar la oportunidad de ser proveedores de un montón de países”, insistió.