El nuevo secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, criticó el estado del sector eléctrico heredado y la “falta de inversión” por parte de las gestiones anteriores de gobierno, así como también los magros avances de la transición energética en Argentina y el incumplimiento de los objetivos planteados en la ley N° 27191 (régimen de fomento a las renovables).
“No logramos casi nada en materia de transición energética. En ningún año se cumplió con los porcentajes de energías renovables previstos en la Ley N° 27191 ni se conoce que se hayan puesto multas por incumplimiento”, aseguró durante la plenaria de Diputados sobre el proyecto de “Ley Ómnibus”, denominado oficialmente “de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi.
Y a pesar que sector tuvo una mayor dinamismo durante la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández, Argentina todavía está lejos de los objetivos planteados en la Ley N° 27191, ya que al cierre del año 2022 la participación de las renovables fue cercana al 13,9% cuando el marco normativo estipulaba que al 2021, como mínimo, debía ser del 16% del total del consumo propio de energía eléctrica.
Mientras que en 2023, la cobertura de la demanda eléctrica abastecida por fuentes renovables alcanzó un promedio del 14% mensual, todavía por detrás del 18% de participación establecido en la ley. Por lo que, de continuar esa tendencia, el país no llegaría a cumplir con la meta del 20% que se proyecta al 31 de diciembre del 2025.
Por lo que el nuevo gobierno presidido por Javier Milei anticipó giros en la política energética argentina mediante una serie de decretos o resoluciones que permitan “adecuar” el marco regulatorio del sector energético con el fin de liberar la comercialización, competencia y ampliación de tal mercado.
“Habría que aggiornar las leyes N° 24065 (régimen de energía eléctrica) y N° 24076 (regulación del transporte y distribución de gas natural). Pedimos la posibilidad de hacer algunos cambios. Es una cuestión de actualización”, manifestó Rodríguez Chirillo, quien fue una de las personas que lideró los grupos de trabajo en la coordinación de toda la iniciativa del Poder Ejecutivo.
“Llegó el momento en el que el usuario final elija su propio suministrador de electricidad. No hay ninguna razón técnica que impida poner en marcha que cada usuario pueda hacer un contrato con el comercializador y el distribuidor seguirá prestando el servicio público de distribución”, agregó.
Es decir que se podría abrir la puerta a un mercado libre en el sector, tal como sucede en Brasil, donde los participantes pueden negociar libremente el proveedor, precio, cantidad de energía contratada, período de suministro, formas de pago, entre otras cosas; y para el que se esperan cerca de 82000 usuarios para el verano 2024.
O mismo similar al caso de Chile, donde hoy en día los usuarios optan por sujetarse al régimen de tarifa regulada o al de precio libre y de ese modo, negociar su suministro y acceder a tarifas más bajas, a energías renovables, servicios de telemedición y eficiencia energética.
Además, desde el gobierno pretenden crear un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para cumplir con el Acuerdo de París y el reciente compromiso asumido en la 28a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28), entre las que se encuentra duplicar las acciones de eficiencia energética y triplicar las energías renovables, para alcanzar los 11000 GW a 2030 a nivel mundial.
“Los compromisos asumidos son a nivel país, no de Estado. Eso significa que la demanda que contamina es la responsable de buscar las soluciones para cumplir con los compromisos de reducir los gases de efecto invernadero que genera. Y la manera de resolverlo es crear un mercado de derechos de emisión, como en Estados Unidos o Europa”, subrayó el secretario de Energía.
“Acompañaremos todos los compromisos asumidos por Argentina, con el Acuerdo de París y la COP 28, por lo que no hay que tener temor, sino que cumpliremos con ello y estaremos detrás de los temas de los GEI, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional existente para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, aclaró Ana María Vidal de Lamas, subsecretaria de Ambiente de la Nación.
Presente y futuro de la transmisión
Rodríguez Chirillo también reconoció que el transporte eléctrico está «peor» que el parque de generación, dada la saturación de la red por la falta de crecimiento del sistema y de nuevas redes en 500 kV.
Hecho que, bajo su punto de vista, lleva a una situación de “total ineficiencia” y, por tanto, no se aprovechan los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de una manera más económica.
E incluso, esta situación dificultó (y aún lo hace) el desarrollo e instalación de nuevos parques renovables en zonas con mayor factor de carga, principalmente para la generación fotovoltaica y eólica, tal como el Noroeste Argentino (NOA) y la Patagonia, respectivamente.
“En infraestructura estamos muy escasos, por eso en la ley de bases se propone el régimen de iniciativa privada porque necesitamos hacer gasoductos, cambiar la mirada del país e integrarnos al exterior (…) Pero tenemos que incentivar las inversiones, dar estabilidad fiscal”, insistió el sec. de Energía.