El gobierno de Argentina insiste con la Ley Ómnibus: ¿Qué cambió en materia energética?

El gobierno de Javier Milei pretende enviar una nueva versión del proyecto de ley “de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, popularmente conocido como “Ley Ómnibus”, tras la caída en la Cámara de Diputados a inicios de febrero del corriente año.

Energía Estratégica pudo acceder al borrador de la iniciativa actualizada del Poder Ejecutivo y la principal diferencia en materia energética es que no se incluyó la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ni ningún capítulo dedicado a la transición hacia fuentes más limpias  para cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y la COP 28.

Por lo que de mantenerse la idea de mecanismo como herramienta clave dentro del plan de inversiones para energías renovables en el país, tal como afirmó Eduardo Rodríguez Chirillo durante el mega evento Future Energy Summit Argentina (ver nota), su creación deberá ser a través de resoluciones o decretos de la propia Secretaría de Energía de la Nación

Lo que sí se mantiene en la nueva versión de proyecto de Ley Ómnibus son las reformas Leyes N° 15.336 y 24.065 con el fin de liberar la comercialización, competencia y ampliación del mercado eléctrico, especialmente la libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales.

Además, el gobierno buscará “adecuar” las tarifas del sistema energético para que éstas reflejen el costo real del suministro (de acuerdo al funcionario hoy sólo denotan el 45% del precio mayorista) y propender a la explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con la “expresa obligación” del distribuidor de actuar como agente de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista y al Fisco.

Y del mismo modo, el proyecto de ley plantea abrir el juego al desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos “abiertos, transparentes, eficientes y competitivos”, fundamentalmente para que el privado sea quien desarrolle las redes de transmisión.

El RIGI sigue presente

La actualización del Poder Ejecutivo repite la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como una de las principales similitudes.

El objetivo será generar “condiciones de previsibilidad y estabilidad” y condiciones competitivas en Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas “sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.

Incluso, la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky, reconoció durante FES Argentina que el RIGI podría ser la llave que articule las inversiones en H2V y cualquier tecnología para fomentar las energías verdes

La particularidad es que, en esta ocasión, el borrador sí detalla que el plazo de adhesión al RIGI será de dos años a partir de la entrada en vigencia del régimen (prorrogable hasta otros dos años), como también los montos de inversión y las posibles penalizaciones por su incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias.

El valor mínimo de inversión en activos computables será de USD 200.000.000 (el Ejecutivo no podrá bajarlo de los USD 50.000.000), mientras que el importe máximo estipulado será de USD 900.000.000, cualquiera sea el sector productivo involucrado.

En cuanto a las penalizaciones, la autoridad de aplicación podrá aplicar multas desde los $10.000.000 hasta $ 400.000.000, o valores porcentuales del monto mínimo de inversión de hasta el 15%, la propia caducidad total de los incentivos del RIGI o la inhabilitación para solicitar la adhesión de un nuevo proyecto al RIGI como sanción.

Aunque cabe aclarar que, a pesar que el RIGI esté incluido en la nueva edición del proyecto de Ley Ómnibus, ya hay otra iniciativa legislativa orientada únicamente al propio régimen de incentivo, propuesta por el diputado Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza) y que fue girada a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

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