La semana pasada el proyecto de Ley Bases del Gobierno Nacional logró dictamen de Comisión en el Senado de la Nación para su tratamiento en el recinto. Ello se logró a partir de gestiones y modificación de alguno puntos clave, entre los que se incluyen algunas disposiciones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En este sentido, el gobierno afirma haber tenido en cuenta las preocupaciones de las PyMEs, en el nuevo proyecto surgido en el dictamen de Comisión -que pasará a debatirse en la Honorable Cámara del Senado de la Nación durante la semana del 10 de junio-. Desde las entidades industriales sostenemos que es insuficiente y continúa promoviendo la competencia desleal y repercutiendo en una marcada caída de la actividad industrial en la cadena de valor.
A partir del texto del dictamen, que mantiene un espíritu de desprotección de la industria local, desde el GAPP y junto al Observatorio para el Desarrollo Industrial del Petróleo y el Gas Argentino, llevamos a cabo las gestiones necesarias para comunicar los peligros de avanzar con el proyecto actual. En esta línea, se enviaron objeciones a Senadores y se coordinaron reuniones con los Bloques para explicar y detallar el impacto que causará la aprobación del Régimen en la industria nacional de equipamiento industrial para O&G, minería y energía al promover la importación de bienes finales al extender el beneficio de desgravaicón al tramado de proveedores, en detrimento de la producción industrial nacional. Asimismo, elevamos nuestra preocupación frente a la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
El nuevo Régimen, si bien incluye disposiciones de Desarrollo de Proveedores, es insuficiente para garantizar la participación de empresas nacionales en los proyectos beneficiados ya que, aunque propone la posibilidad de que los fabricantes nacionales puedan importar insumos sin carga arancelaria, continúa poniendo el foco en la baja de precios de los bienes finales y no en el desarrollo de la cadena. En la práctica esto implica que, si el foco es el precio del bien, gran parte de la cadena de valor se verá tentada u obligada a convertirse en importadora de bienes finales, llevándolos a desactivar todo su potencial productivo y atentando contra el desarrollo local. Reiteramos que la propuesta del GAPP consiste en que se contemplen beneficios especiales para los VPU en consideración de salvar la diferencia de precios entre la opción importada respecto a la oferta local, sin penalizar el proyecto y asegurando se contemple producción local en los casos que exista o sea posible su desarrollo local, y trabajar en promover la competitividad de los proveedores que sufren marcadas diferencias en precios locales de materias primas, infraestructura y carga impositiva entre otros costos productivos, respecto a los afrontados por la oferta importada.
Durante los próximos días, continuaremos con las gestiones necesarias y seguiremos de cerca el debate en la Cámara Alta, y la acción de los distintos bloques, en nuestro objetivo primordial de velar por los intereses de las más de 190 pequeñas y medianas empresas que hoy confían en nosotros y forman parte de nuestro Grupo, y el tramado industrial a lo largo y ancho del país.