La petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró su objetivo en la Puna jujeña: la aprobación de un sector de la comunidad indígena de Rinconadillas, ubicada en un pasaje aislado, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de esta región, para explorar la Laguna de Guayatayoc en busca de litio. Así pudieron establecerlo una alianza entre Mongabay y elDiarioAR en base a testimonios y documentos de la asamblea local.
El negocio del “oro blanco” es una de las apuestas fuertes de la petrolera, propiedad de la familia Rocca, la segunda más rica de Argentina, que tiene una concesión del gobierno de Jujuy pero que requería de la licencia social de la población indígena que controla este territorio y que llega con una comunidad dividida para la que la convivencia social entre sus habitantes y con las comunidades aledañas ya no será igual. Tecpetrol dividió y reinó.
El territorio de la comunidad de Rinconadillas se encuentra en una de las zonas más conflictivas para la minería del litio: la cuenca que conforman el salar Salinas Grandes –una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina– y la Laguna de Guayatayoc, donde desde hace 14 años un grupo de 38 comunidades se oponían al desembarco de las mineras, desarmando los planes de negocios de las compañías y del gobierno de Jujuy, que impulsa este tipo de actividad extractiva.
La comunidad de Rinconadillas era una de las 38 comunidades que se oponían a la minería de litio en sus territorios desde 2010. Entonces, las asambleas que gobiernan en estas comunidades decidieron que ninguna de las comunidades iba a tomar decisiones por separado y que actuarían en bloque. La cuenca es una sola, establecieron entonces, y la decisión frente a las mineras debía tomarse en conjunto. Decidieron “No al litio” y a través de cortes de ruta y demandas judiciales, que llegaron a la Corte Suprema de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), frenaron los objetivos de las empresas y el gobierno de Jujuy.
Sin embargo, durante el último año, un grupo de petroleras que desarrollaron divisiones mineras para ingresar en el negocio internacional del litio comenzaron a resquebrajar la alianza de las comunidades. La primera fue Pluspetrol, que logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera y Aguas Calientes, se separaran del grupo y acordaran otorgarle a la petrolera la licencia social para operar en sus territorios. La segunda fue Pan American Energy en la comunidad de Lipán, como informó elDiarioAR en marzo último. El tercer caso es el de Tecpetrol. Mongabay y elDiarioAR se comunicaron con Tecpetrol pero la empresa declinó hacer comentarios por el momento.
Cómo se tomó la decisión
La decisión de la comunidad de Rinconadillas de otorgar la licencia social a la petrolera de Techint fue adoptada en un encuentro extraordinario el 21 de junio último. La comunidad está dividida en dos grupos. Un grupo se opone a la llegada de la minería frente a los riesgos ambientales y el peligro de la escasez de agua en una de las zonas más áridas del país. La minería de litio, conocida como “minería del agua”, por la cantidad de agua que insume, amenaza sus formas de vida, desde el pastoreo de animales hasta el turismo comunitario y la extracción de sal para consumo humano e industrial.
Hay, en cambio, quienes están a favor y creen que Tecpetrol solucionará los problemas socioeconómicos de la comunidad: la falta de empleo y la falta de servicios básicos, ante la ausencia casi total del Estado jujeño y nacional.
El debate iba a darse en una Asamblea General convocada para el 27 de julio. La fecha había sido confirmada por el presidente de la comunidad, Raúl Callata, afirmaron fuentes directas de la asamblea a Mongabay y elDiarioAR. Sin embargo, el 19 de junio, de manera exprés, un grupo de habitantes convocó a una Asamblea Extraordinaria, que se realizó el viernes 21 de junio, a las 8.30, en la sede de la organización, frente a la plaza de la comunidad. De acuerdo a consultas con fuentes que pidieron no dar a conocer sus nombres, la invitación a los miembros -vota una persona por familia- dejó afuera de cualquier posibilidad de participar a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales y que suelen regresar los fines de semana. Muchos de ellos, se oponen a la minería de litio. Se trató de la misma estrategia realizada en la asamblea de Lipán meses atrás.
“Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, señaló una de las personas consultadas. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, se lamentó.
Por esta razón, sobre un total de 82 familias censadas, solo asistieron representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realice la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9 con la exposición de un miembro informante, en representación de la comisión directiva de la comunidad, que detalló el motivo del encuentro.
Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.
Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios, antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, se indicó. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” frente al resto de las comunidades de la cuenca con las que tenían un acuerdo desde 2010, lamentó la fuente.
La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades aborígenes que se encuentran en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. Las primeras en expresarse en contra fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros; y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros. A través de comunicados indicaron que “continúan defendiendo el agua y el territorio”, que “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” que habían acordado las comunidades hace años. Es decir, decidir en bloque una postura común sobre los pedidos de licencia social.
En los últimos días se hicieron públicas numerosas expresiones en contra de la decisión de Rinconadillas y por esa razón, con la firma de su presidente y otras 44 personas, la comunidad emitió un comunicado dirigido a las autoridades y representantes de las comunidades de la zona. “Solicitamos a las autoridades y miembros de las comunidades aborígenes, incluidas sus comisiones directivas y órganos de comunicación y representación, abstenerse de continuar efectuando publicaciones, declaraciones, acusaciones, escraches, amenazas y requerimientos que de manera absolutamente improcedentes, agravian y difaman a los integrantes de nuestra comunidad”, señala el primer párrafo.
Además, solicitaron que “se dirijan hacia esta comunidad con el respeto, seriedad, formalidad, pericia y profesionalidad de rigor”.
La comunicación tiene otras consideraciones y pone en la superficie que el debate sobre la actividad está vivo y genera profundas diferencias hacia adentro y afuera de los pequeños pueblos de la Puna jujeña, un escenario que también se repite en esta región del lado salteño, frente a un Estado casi ausente en políticas educativas, de salud e infraestructura para estas poblaciones.