Primero fue el default de la deuda acumulada a partir de la devaluación de diciembre con las generadoras, que tuvieron que aceptar un bono con una quita del 50 por ciento. Las generadoras aceptaron a desgano con el compromiso por parte de Economía, a cambio de una nomalización del pago hacia adelante y la promesa de la activación de una licitación por USD 4.000 millones adjudicada por la gestión de Sergio Massa.
Caputo ya incumplió las dos promesas. El saldo pendiente por generación se encuentra impago en el orden del 70% mensual desde marzo a esta parte, lo que quiere decir es que Caputo solo está pagando el 30% de la energía térmica e hidroeléctrica que se inyecta en el sistema.
«El superávit fiscal lo estoy bancando yo», bromeó a LPO un CEO de una empresa generadora. Según la industria, Economía ya acumuló una nueva deuda de más de USD 3500 millones de dólares con el sistema.
Respecto a la construcción de las nuevas centrales térmicas, finalmente fueron canceladas. El argumento es mejorar el pliego para «reducir el costo de generación» ofertado. El problema es que esa licitación había dejado afuera de la parte del león a Nicky Caputo, que empezó a maniobrar para recomponer su situación, tal como reveló LPO.
A este contexto de máxima tensión se suma ahora el corte de la cadena de pago a las energías renovables. Desde la implementación del Programa RenovAr impulsado por Mauricio Macri, la generación eólica y solar tiene prioridad de despacho pese a que es la más cara. Un mega renovable vale el doble que la generación térmica. La generación enmarcada en el RenovAr explica el 35% del consumo en condiciones corrientes.
«Desde la implementación del Programa RenovAr impulsado por Mauricio Macri, la generación eólica y solar tiene prioridad de despacho pese a que es la más cara. Un mega renovable vale el doble que la generación térmica. Caputo dejó de pagarles, incumpliendo contratos que tienen la posibilidad de ejecutar un Put por más de USD 4.000 millones.»
En 2017, cuando Luis «Toto» Caputo fue ministro de Finanzas de Mauricio Macri determinó la emisión de Letras del Tesoro a ser entregadas al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), para ser utilizadas como garantía de pago de las tarifas dolarizadas que se les reconocían a los que invertían en ese sector.
Un negocio muy polémico porque el Estado garantizaba a los inversores por años tarifas que superaban varias veces las de la energía convencional, a cambio de inversión.
Durante los años 2016 a 2019, se colocaron $13.000.000.000, y emitieron Letras del Tesoro Foder. El dato es que como contragarantía se adjunto un Put Option por un valor nominal de USD 4.498.549.000 como cobertura de estos contratos.
«La eventual rescisión de cada PPA por culpa del comprador Cammesa, gatillaría la Garantía de Pago de la Energía Abastecida», indicó a LPO un reconocido asesor legal de la industria.
Ademas entre los acreedores de los afectados se encuentran: organismos multilaterales de crédito; agencias de crédito a la exportación; Bancos de Desarrollo; otros Estados soberanos; Bancos internacionales públicos y privados; y fondos de inversión de todo tipo.
«Esto implica que el incumplimiento que podría declararse como un default con respecto a los acreedores, en su carácter de acreedores garantizados, porque son parte de los PPA», agregó la fuente consultada.
Un informe de la Auditoría General de la Nación de diciembre pasado concluyó que el uso de títulos públicos para garantizar el programa de energías renovables generó una deuda indirecta por USD 7.368 millones, un monto equivalente a la construcción de tres gasoductos como el Néstor Kirchner, una obra estratégica para sacar el gas del megayacimiento, que necesita nuevos tramos para poder alcanzar todo su potencial.
Para dimensionar el costo de la operación para el país, el stock de Letras en garantías del Foder representó el 2,29% del total de la deuda externa contraída por Macri.
El informe de la AGN arroja nueva luz sobre una política muy compleja de Macri en la que se cruzaron negocios familiares y terminó en una causa por maniobras con parques eólicos, que la propia Auditoría ya había cuestionado, como reveló LPO.