Argentina frente a un nuevo ciclo renovable: claves jurídicas, bancabilidad y desafíos de transmisión

La consolidación de un marco jurídico y fiscal claro, junto con definiciones clave sobre la demanda prioritaria, son condiciones imprescindibles para sostener el crecimiento del sector renovable en Argentina.

Así lo manifestó el gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de la Industria Renovable (CEA)Héctor Ruiz Moreno, quien puso el foco en la necesidad de estabilidad normativa para consolidar inversiones que ya demostraron su eficiencia.

“Si no se quiere ampliar los compromisos de participación renovable, está bien, pero sí se necesita la actualización o prórroga de la ley N° 27191, a los efectos de tener un marco referencial jurídico, regulatorio, que continúe dando seguridad jurídica y estabilidad fiscal”, declaró el directivo en diálogo con Energía Estratégica, en referencia al marco jurídico que fomenta las renovables, cuyo objetivo del 20% de participación verde en la demanda eléctrica para fines de 2025 aún no se ha alcanzado.

En ese sentido, en 2024, el abastecimiento promedio con fuentes renovables fue del 16,5%, por debajo del mínimo estipulado para 2023, aunque con picos superiores al 20% en algunos meses del año.

Otro de los mayores desafíos actuales es la indefinición respecto a los instrumentos para la contratación de energía renovable por parte de los distribuidores, dado que, según la CEA, la demanda prioritaria debe estar respaldada por herramientas que otorguen previsibilidad a largo plazo.

“En la medida que se libere absolutamente el mercado y no se generen los instrumentos que fueron válidos y exitosos, el sector tendrá incertidumbre porque no se clarifican las dudas de los inversionistas”, advirtió Ruiz Moreno.

Desde la entidad consideran que, en un contexto transicional, los contratos PPA con garantías deben mantenerse vigentes, al menos hasta que las distribuidoras puedan convertirse nuevamente en sujetos de crédito. De manera que lo observan como una cuestión “casi excluyente”, al igual que en su momento lo fue la bancabilidad de los proyectos a partir de normas claras para los inversores.

“Estamos trabajando en un documento sobre el incremento de la demanda y el crecimiento económico; y en ese paralelismo, ver cómo deberían crecer las renovables, que son competitivas y que pueden solventar la urgencia, porque se pueden construir proyectos renovables en poco tiempo”, indicó el gerente general del gremio.

“En el sector renovable nadie está buscando subsidios o costos para el Estado, pero es importante que haya un marco jurídico y fiscal claro, que exista una garantía hasta que el mercado se consolide. Los PPA de largo plazo fueron exitosos, ¿por qué no lo serán ahora?”, planteó.

“El sector renovable no requiere de ningún estímulo, subsidio o de objetivo que descompense el mercado en favor de unos y en detrimento de otros. En absoluto, el sector está lo suficientemente maduro para competir en cualquier ámbito, porque es eficiente, muy competitivo técnicamente y en materia de precios”, continuó.

En paralelo, la reciente resolución que habilita la ampliación del sistema de transporte eléctrico en Argentina es considerada un paso positivo para el sector. La medida incluye 16 proyectos prioritarios y más de 5600 km de nuevas líneas que serán ejecutadas por el sector privado bajo concesión de obra, y que se financiarán mediante tarifas pagadas por los usuarios beneficiarios en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Entre las obras priorizadas, destaca la línea de 500 kV Vivoratá – Plomer, la cual años atrás fue incluida en un documento que la CEA le presentó al gobierno y que hoy está en carpeta para llevarse adelante en el corto plazo.

¿Por qué la relevancia? Ruiz Moreno explicó que dicha línea de transporte eléctrico implica la posibilidad de inyectar poco más de 1000 MW y liberar muchos proyectos que están en cartera de cara al futuro renovable del país.

No obstante, desde la Cámara consideraron que la factibilidad real de las obras incluidas en el mega plan de transmisión dependerá de la reglamentación específica y de los mecanismos que se implementen entre el sector público y privado.

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