Desde su relanzamiento en 2023, Prosumidores 4.0 consolidó un salto cualitativo en la provincia de Santa Fe, al posicionarse como mecanismo clave para acelerar la generación distribuida. Impulsado por la ley provincial sancionada en abril de 2024, el programa incorporó incentivos específicos para el sector productivo y sentó las bases para explorar nuevas tecnologías.
“Ya contamos con 1320 usuarios – generadores en más de 80 localidades. Y estamos cerca de los 8 MW de potencia en renovables”, señaló María Cecilia Mijich, subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia de Santa Fe, en diálogo con Energía Estratégica.
A ello se debe agregar los parques fotovoltaicos de Arrufó, Firmat, San Guillermo y San Javier, que suman 20 MW de capacidad y que fueron adjudicados a la firma Coral Energía en el año 2023 (actualmente están en construcción).
“Notamos un crecimiento notable desde el lanzamiento del programa en junio del año pasado, sobre todo en el sector comercial-industrial”, afirmó la funcionaria, subrayando que este segmento comienza a crecer en demandas y solicitudes para nuevos proyectos.
Además, la generación distribuida santafesina también gana escala, con más de 120 proyectos en curso que manejan potencias considerables, superando en conjunto los 300 kilovatios en trámite. Esto posiciona a la provincia como referente nacional en generación distribuida, tanto en cantidad de usuarios como en capacidad instalada.
En comparación con los datos de hace un año, cuando el programa registraba 1108 prosumidores, el incremento supera el 19% interanual. Asimismo, el ecosistema de proveedores también creció: en 2023 se contabilizaban 120 empresas, mientras que hoy el número es superior gracias a una política de fortalecimiento del entramado local.
Para facilitar el acceso a estos sistemas, Santa Fe articula líneas de financiamiento específicas, tanto con organismos públicos como con bancos privados. Entre ellas se incluye la iniciativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que en su última edición destinó $120.000.000 para proyectos renovables, con plazos de hasta 60 meses y un financiamiento del 80% del monto total.
“Tenemos una política de líneas de financiamiento puesta a disposición del sector productivo, que ayuda mucho a que el sector crezca tanto en eficiencia energética como en renovables”, explica Mijich.
“Trabajamos con CFI, pero también firmamos convenios con bancos privados, con tasas del 20% a 22% anual, que conviene para la ecuación económica de la instalación fotovoltaica, sumado a los beneficios que tiene el programa Prosumidores, de manera que el retorno de inversión ronda de 3 a 5 años”, agregó.
Más allá del apoyo financiero, el gobierno provincial trabaja en consolidar las condiciones técnicas, regulatorias y profesionales para acompañar el crecimiento sostenido del sector. Esta estrategia busca construir un ecosistema robusto que genere confianza y facilite que cada vez más santafesinos y santafesinas decidan generar su propia energía, con infraestructura adecuada, mano de obra capacitada y herramientas normativas claras.
En paralelo, la provincia avanza en la exploración de nuevas fuentes de energía renovable. “Estamos trabajando y estudiando otras tecnologías, como programas para aprovechamiento de biogás”, comentó Mijich, quien también destacó el enfoque en reconvertir pasivos ambientales del sector productivo en soluciones energéticas viables.
Esta línea de trabajo busca sumar energías limpias alternativas que amplíen el abanico más allá de lo solar fotovoltaico, generando sinergias con la gestión de residuos y promoviendo el desarrollo de un modelo circular de energía.
Eficiencia energética como pilar de la transición
Otro eje clave es la eficiencia energética, con herramientas concretas a disposición de los ciudadanos y del sistema productivo. Una de ellas es la calculadora digital, que genera reportes de grado 1 y 2 con recomendaciones para reducir el consumo.
Además, la provincia fue pionera en el desarrollo de gestores energéticos y en el etiquetado de viviendas, contando con la primera normativa reglamentada del país en esta materia.
“Este enfoque también se articula con la Dirección Provincial de Vivienda, para incorporar criterios de eficiencia energética en la planificación de viviendas públicas y en la construcción de edificios estatales, analizando costos económicos de construcción, beneficios de las orientaciones y de la naturaleza”, complementó la funcionaria.
“El objetivo es incorporar el concepto de eficiencia energética en distintos lugares del Estado, que son los que realizarán las transformaciones de cara al futuro en los propios edificios del gobierno, así como también en la política de vivienda pública que se lleve adelante”, concluyó.