El gobierno nacional inició la semana que corre, es decir la que comenzó este pasado lunes 7 de julio, anunciando un profundo cambio en las normas, leyes y regulaciones del mercado energético argentino, que modifican de manera importante el funcionamiento de los segmentos de la electricidad y el gas para los próximos años.
Los tres decretos firmados por el presidente Javier Milei y publicados el primer día de esta semana en el Boletín Oficial para informar sobre todas esas modificaciones, comenzar a despertar cierta inquietud y preocupación en el ámbito de las empresas proveedoras de estos servicios públicos.
Además de la norma que podría permitir a los usuarios de Edesur, Edenor o de cualquier otra distribuidora de luz elegir su proveedor, también causa un profundo e impensado malestar otra serie de disposiciones que abren la puerta a la continuidad del control del Estado Nacional sobre las tarifas de estos servicios.
Por lo menos así surge de analizar los cambios introducidos a la Ley N° 24.076 como marco regulatorio de la actividad, en especial en lo referido al capítulo dedicado expresamente a las tarifas de luz y gas. El Artículo 37 menciona que el precio de venta del primer insumo a los consumidores debe tener en cuenta el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; la tarifa de ese transporte y la de distribución.
Limitar las subas
En ese sentido, el Artículo siguiente, el 38, obliga a que los servicios prestados por los transportistas y distribuidores sean ofrecidos a tarifas que se ajustarán a una serie de principios como proveer a los transportistas y distribuidores la chance de obtener ingresos suficientes para satisfacer sus costos operativos, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable.
También deberán tomar en cuenta las diferencias que puedan existir entre los distintos tipos de servicios, en cuanto a la forma de prestación, ubicación geográfica, distancia relativa a los yacimientos y cualquier otra modalidad que el flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad califique como relevante.
La norma agrega que “el precio de venta del gas por parte de los distribuidores a los consumidores incluirá los costos de su adquisición”.
Pero advierte que, si ese valor resulta de contratos celebrados con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, el nuevo organismo “podrá limitar el traslado de dichos costos a los consumidores si determinase que los precios acordados exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que el Ente considere equivalentes”.
Además y sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley tendrán que asegurar el mínimo costo para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento.
Desconcierto empresario
En el sector aseguran que estos considerandos le abren la puerta al gobierno de Javier Milei a seguir regulando los precios de la luz y el gas, a pesar de la impronta libertaria que el Presidente argumenta para prometer la liberación de las tarifas, además de la eliminación o fuerte reducción de los subsidios. De hecho, el sendero de precios es una de las discusiones que por estas horas se lleva a cabo entre las empresas del sector y las autoridades nacionales que han venido mostrando intenciones de mejorar las tarifas y eliminar todo vestigio de controles kirchneristas.
Sin embargo, para los empresarios las medidas tomadas hasta ahora son “parciales” y no alcanzan para mejorar las cajas de las compañías que, en su mayoría, vienen sufriendo problemas financieros graves producto de años de congelamientos tarifarios y costos atadosa a una inflación galopante.
En este contexto es que miran con recelo los capítulos de los cambios introducidos por los decretos presidenciales vinculados a los mecanismos que se deberán respetar a partir de ahora en el plano tarifario.