El entendimiento abarca a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las concesiones actuales habían sido prorrogadas en varias oportunidades mientras se definía el nuevo marco de explotación, situación que generaba incertidumbre sobre el futuro de las operaciones.
Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck resaltaron que el agua es propiedad de neuquinos y rionegrinos, y que este paso representa un triunfo de la unidad norpatagónica. Ambos mandatarios destacaron que la negociación fue el resultado de meses de trabajo conjunto y defensa de los intereses provinciales.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es que el precio de la energía vendida a Cammesa se fijará en dólares, lo que otorga previsibilidad a los ingresos y estabilidad para planificar inversiones. Esta medida se considera clave para atraer financiamiento al sector hidroeléctrico.
Además, los nuevos contratos establecerán un porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad para las concesionarias. Esto permitirá a las provincias incrementar de forma progresiva sus ingresos por regalías y cánones, al poder comercializar esa energía en el mercado.
Otro avance significativo es que las regalías se calcularán sobre el total de los ingresos de las concesionarias, incorporando conceptos que anteriormente quedaban excluidos. Esto incluye la potencia por disponibilidad real, la base en horas de requerimiento, la energía operada y la regulación de frecuencia.
Las provincias también podrán optar por recibir la totalidad de sus regalías en especie, es decir, en energía eléctrica física. Esta modalidad les permitirá destinarla al consumo interno, venderla o utilizarla para promover actividades productivas.
El acuerdo incorpora la obligación de los concesionarios de obtener y financiar información hidrometeorológica de las cuencas, herramienta clave para la gestión de los recursos hídricos y la planificación de obras.
Un punto inédito es la creación de un canon por uso de agua a favor de Neuquén y Río Negro. Hasta ahora no existía este concepto en las concesiones, por lo que representará un ingreso adicional y un reconocimiento formal del valor del recurso hídrico.
Se definió además que un porcentaje de los ingresos que reciba la Nación por la licitación se destinará a obras priorizadas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), con participación directa de las provincias.
En materia de seguridad hídrica, se fijó un plazo de hasta 24 meses para realizar estudios técnicos que determinen las obras necesarias para proteger las represas ante la máxima crecida probable. Esto da cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2009.
Para Figueroa y Weretilneck, el acuerdo corrige vacíos históricos y asegura que las provincias tengan un rol protagónico en la explotación de los recursos energéticos que generan. También remarcaron que el nuevo esquema sienta bases para un desarrollo equilibrado y sustentable.
Las represas del Comahue son responsables de una porción significativa de la energía hidroeléctrica que consume el país, y su operación impacta directamente en el abastecimiento eléctrico y en la economía regional.