Perú transita una etapa clave en su transición energética, marcada por la reciente aprobación de la Ley 32249, que habilita contratos privados sin respaldo de potencia y permite nuevos esquemas de licitaciones y almacenamiento con contratos a largo plazo.
Según Brendan Oviedo, abogado especialista en energías renovables y ex-presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), estos cambios pueden destrabar inversiones históricamente demoradas.
Durante una nueva edición del ciclo de streaming #NosVemosenFES, organizado por Future Energy Summit (FES), Oviedo sostuvo que “Perú podría incorporar de 2000 a 3000 MW de capacidad renovable no convencional al año 2030”.
Actualmente, el sistema cuenta con 1755,5 MW en operación, por lo que la sumatoria de dicha capacidad de 2 a 3 GW implicaría casi triplicar la potencia instalada si se concreta esta expansión.
“Estamos en una etapa de transición, con regulaciones pendientes pero con avances muy relevantes que permitirán destrabar proyectos”, manifestó el abogado.
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Entre los factores que podrían impulsar este crecimiento destaca la separación entre potencia y energía en los contratos, que ahora permitirá a los desarrolladores acceder directamente a grandes usuarios sin la obligación de respaldar potencia.
También se destaca el cambio en el esquema de licitaciones, que ahora se organizarán en bloques horarios, permitiendo adaptar mejor la oferta a la curva de consumo y que también podría ser útil para los grandes consumidores, que hoy no aprovechan plenamente sus opciones contractuales.
En el plano financiero, el especialista resalta que los contratos de largo plazo son la vía fundamental para permitir que los proyectos renovables se materialicen. Según detalló, actualmente los contratos bilaterales con grandes usuarios se negocian a precios que oscilan entre 40 y 48 USD/MWh, valores en los que algunas tecnologías renovables ya pueden competir.
“La energía eólica hoy en día está entre 40-45 USD/MWh y la energía solar tiene un precio un poco más bajo, ya que Perú tiene un potencial fotovoltaico enorme en el sur del país”, afirmó el abogado especialista en energías renovables y ex-presidente de SPR.
“Además, la generación solar con almacenamiento ya puede competir con el precio que se negocian los contratos bilaterales con grandes usuarios, con lo cual será interesante ver si a las baterías les reconocerán algún ingreso por potencia y haría más atractiva la solución”, añadió durante el streaming #NosVemosenFES.
Asimismo, planteó que se incrementará sostenidamente el desarrollo de las ENRC y a futuro también se dará un mercado de servicios complementarios donde se introducirán las baterías, debido a que el país se encuentra en un “proceso interesante de cambio de perfil”.
¿Está preparado el mercado para la contratación mediante las distribuidoras? Si bien a nivel regional el panorama no resulta el más alentador, Brendan Oviedo planteó que en Perú hay optimismo por que ello ocurra ya que considera que tanto aquellas privadas como públicas son “sólidas”.
“Probablemente las públicas tomen más tiempo en sus procesos, pero en general cumplen con sus compromisos y son totalmente financiables”, indicó, despejando dudas sobre la seguridad jurídica de estos contratos para el financiamiento de proyectos.
Rumbo al 2026: definir una política energética nacional
Desde su experiencia jurídica y visión regional, el entrevistado valoró que Perú se alinee con la aceleración global de las energías renovables, aunque remarcó que el país aún necesita establecer un marco estratégico de largo plazo para asegurar la sostenibilidad del proceso.
Para consolidar este proceso de transformación, resulta prioritario la definición de una política energética nacional que funcione como hoja de ruta consensuada.
“Ya hay propuestas sobre la mesa, pero sin norte no llegaremos a ningún lado; por lo que es indispensable que nos sentemos todos los players del sector para definir la política energética de Perú. Y se estima que en 2026 tendremos algún avance al respecto”, concluyó.