La Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves por la tarde, con el voto de los 23 diputados presentes, la modificación de la Ley Provincial Nº 3141, que regula la contratación de personal por parte de las operadoras de hidrocarburos, minería, pesca y otras industrias radicadas en la provincia. El proyecto, que ADNSUR había anticipado días atrás, establece la obligatoriedad de emplear un 90% de trabajadores con residencia efectiva en la provincia, con un mínimo de seis años de acreditación.
La norma también introduce un esquema específico para los emprendimientos incluidos en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente sancionado a nivel nacional. En estos casos, las empresas deberán asegurar:
–60% de mano de obra con residencia mínima de 6 años en cualquier ciudad de Santa Cruz,
-30% de mano de obra local de la ciudad o localidad donde se radique el proyecto, con 6 años de residencia mínima.
En ambos casos, los trabajadores deberán acreditar domicilio en su DNI y certificado expedido por la autoridad competente. El texto sancionado incluso prevé sanciones en caso de detectar vínculos irregulares, como domicilios coincidentes entre empleados y empresas contratantes, lo que será considerado un incumplimiento.
Control y fiscalización
La nueva norma otorga a la autoridad de aplicación la facultad de celebrar convenios con municipios, comisiones de fomento y otros organismos provinciales para garantizar la fiscalización. De este modo, se busca fortalecer los mecanismos de control y evitar maniobras que puedan eludir la obligación de contratar personal santacruceño.
Además, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo máximo de 60 días para reglamentar la ley, que entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.
Impacto en la matriz productiva
El debate en torno a la ley refleja el interés político y social de Santa Cruz en proteger el empleo local frente a los nuevos escenarios de inversión que abre el RIGI, especialmente en sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos no convencionales. Con la incorporación de porcentajes diferenciados, la provincia busca blindar oportunidades laborales tanto a nivel general como en cada comunidad donde se radiquen proyectos de gran envergadura.
La unanimidad alcanzada en la votación parlamentaria muestra un consenso político transversal en torno a la prioridad de preservar la mano de obra santacruceña frente al ingreso de capitales externos, en un contexto donde se proyectan nuevas inversiones de gran escala en la región patagónica.
