A una semana de la entrada en vigor del Decreto 1033 de 2025, Licencia Ambiental Solar (LASolar), especialistas sostuvieron que es un cambio estructural que busca pasar de un sistema reactivo a uno predictivo, basado en criterios técnicos y tiempos definidos.
La abogada ambiental y exfuncionaria de la ANLA, Ángela Gámez -quien participó de la creación del proyecto-, destacó que la reducción del proceso a 38 días hábiles marca un avance sustancial frente a los trámites que antes podían extenderse por más de tres meses, “aunque su éxito dependerá de la capacidad operativa de la Autoridad para sostener este ritmo”.
El nuevo decreto traslada la competencia de licenciamiento a la ANLA para proyectos solares entre 10 y 100 MW, dejando a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la evaluación de los de menor tamaño. Esta redistribución de funciones busca homogeneizar los criterios técnicos y garantizar un proceso más ágil y digitalizado, con plazos de respuesta definidos en 38 días hábiles.
Antes, muchos desarrolladores debían tramitar ante las CAR, donde los tiempos y requerimientos variaban considerablemente según la región, generando incertidumbre jurídica. Al centralizar los trámites de mediana escala en la ANLA, el Gobierno busca fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversión internacional y asegurar una evaluación técnica uniforme en todo el territorio nacional.
Sin embargo, en diálogo con Energía Estratégica, la especialista advirtió que la presión sobre la entidad podría triplicarse, pasando de gestionar unos 46 expedientes anuales a más de 130. A su juicio, será clave fortalecer la estructura interna y los sistemas digitales para evitar cuellos de botella.
Pero este punto también requiere una adaptación por parte de los desarrolladores que debe atenderse de manera estratégica y cercana a la comunidad en la que se hará el desarrollo.
Natalia García, CEO de Enermant, señaló que el nuevo modelo “reconfigura la relación entre desarrolladores, comunidades y autoridades, obligando a los primeros a anticiparse en la planificación social y técnica”.
Indicó que la exigencia de dos espacios de diálogo temprano con comunidades de influencia “no solo previene conflictos, sino que mejora la legitimidad territorial del proyecto”.
Ambas expertas coincidieron en que la principal ventaja de LASolar radica en la certidumbre jurídica que ofrece. Los criterios de aplicación —como el límite del 10% de afectación al parche boscoso o la posibilidad de ejecutar proyectos de hasta 100 MW sin sustracción de reserva forestal tipo C— aportan previsibilidad para la banca y los inversionistas internacionales, ya que este marco aclara dónde sí y dónde no es viable desarrollar, acortando la curva de incertidumbre y facilitando la toma de decisiones de inversión.
No obstante, un problema que continúa generando interrogantes es la tramitación local y la conexión. Aunque LASolar elimina pasos redundantes como el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), “las CAR deberán interpretar de manera uniforme los criterios de bajo impacto para evitar conflictos regulatorios”, consideró García.
Asimismo, la necesidad de alinear el licenciamiento con la expansión de la red eléctrica es un punto que continúa siendo crítico para la viabilidad de los proyectos.
¿Cuál es la mejor forma de tramitar los proyectos?
A nivel práctico, se recomienda un paso a paso estratégico: iniciar con una prefactibilidad sólida, definir tempranamente el punto de conexión, asegurar la disponibilidad predial, y realizar una evaluación ambiental preliminar antes de iniciar trámites. Este orden reduce riesgos de ajuste y evita duplicidades administrativas, garantizando que la LASolar funcione con agilidad y precisión.
A mediano plazo, se podría consolidar una nueva cultura de gestión ambiental en Colombia. “La simplificación no debe verse como una flexibilización, sino como una apuesta por la eficiencia y la calidad técnica”, insistió García.
El reto será sostener esa velocidad sin comprometer el análisis ambiental ni la participación ciudadana, así como la continuidad de la ANLA para realizar el seguimiento de los parques en desarrollo y construcción.
Con este decreto, Colombia se perfila como uno de los primeros países de la región en establecer un procedimiento especializado para energías limpias. El equilibrio entre agilidad, rigor técnico y gobernanza institucional marcará si la LASolar se convierte en un catalizador del crecimiento solar o en un desafío de gestión para la ANLA.
