La licitación para la operación por 30 años de las represas del Comahue —que representan cerca del 14% de la generación eléctrica nacional— se transformó en una de las más disputadas del año.
Según informó EconoJournal, la postergación de la apertura de sobres, originalmente prevista para el 23 de octubre y reprogramada para el 7 de noviembre, permitió sumar más oferentes.
En total, se registraron nueve propuestas, presentadas a través de la plataforma digital Contrat.Ar, el sistema de compras del Estado que por primera vez se utilizó en una privatización de esta magnitud.
El cambio de fecha, decidido por el Gobierno nacional a pocas horas del vencimiento original, se produjo luego de las elecciones legislativas, en un contexto económico más estable y con mejores condiciones de financiamiento.
Clarín describió este fenómeno como un efecto político y financiero que impulsó el interés de nuevos jugadores, entre ellos grupos con raíces en la región patagónica.
El proceso definirá quiénes controlarán los complejos Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Planicie Banderita durante las próximas tres décadas.
La venta de Aconcagua y el ingreso de MSU Green Energy
Uno de los movimientos más relevantes fue la venta de la participación de Aconcagua Energía Generación S.A. —propiedad de Diego Trabucco y Javier Basso— en la concesión del complejo Cerros Colorados.
La operación fue confirmada por EconoJournal, que precisó que la compradora fue BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, del empresario Manuel Santos Uribelarrea.
Con esa adquisición, MSU obtuvo la licencia técnica necesaria para competir en la licitación y presentó ofertas por otras dos represas, consolidando su expansión hacia el sector energético.
El Gobierno nacional mantuvo la confidencialidad de esta transacción hasta la jornada de apertura, lo que generó sorpresa en el mercado.
La presencia de MSU Green Energy, con antecedentes en biocombustibles y generación térmica, reconfiguró el escenario competitivo y desplazó a uno de los operadores históricos de la región.
De acuerdo con fuentes citadas por Clarín, este movimiento empresarial muestra el atractivo que todavía conserva la hidroelectricidad patagónica en la agenda de inversiones privadas.
Nuevos consorcios y actores regionales
La licitación también trajo consigo la aparición de Edison Energía, un nuevo holding local que participó bajo el nombre Poseidón.
El consorcio reunió a Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, los socios del fondo Inverlat —Guillermo Stanley y Federico Salvai—, además de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y los hermanos Patricio y Juan Neuss.
Este grupo busca consolidarse como un operador nacional con proyección regional, combinando capital industrial, financiero y tecnológico. La familia Neuss administra la distribución minorista de energía en toda la provincia de Río Negro a excepción de Bariloche y Río Colorado.
Otra novedad fue la participación de IPS Renewal S.A., filial de IPS Energy, con capitales de Guatemala.
Según EconoJournal, la firma presentó su oferta junto a una constructora local, aunque podría enfrentar objeciones técnicas debido al requisito de acreditar experiencia previa en la operación de al menos 100 megavatios en una sola central.
Este punto será evaluado en la fase técnica del proceso, que comenzará la próxima semana.
Los operadores históricos y las perspectivas provinciales
Los actuales concesionarios también compitieron para retener su posición. Enel —que administra El Chocón y Arroyito—, AES Argentina —a cargo de Alicurá—, Central Puerto —que presentó dos propuestas, una bajo su nombre y otra a través de Central Costanera— y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, confirmaron su participación.
Además, Genneia, presidida por Jorge Brito, y Aluar, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, se asociaron en una UTE para presentar ofertas conjuntas por dos represas, lo que evidencia una estrategia de sinergia entre la energía y la industria pesada.
El proceso también incluyó un acuerdo político clave: los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) lograron incorporar un canon adicional del 1% por el uso del agua, que se sumará al 6% de regalías hidroeléctricas existentes en el Limay porque son compartidas, en el caso de Planicie Banderita la provincia cobra el 12%. Esta medida permitirá a las provincias aumentar su participación directa en la renta generada por los recursos hídricos, reforzando el control local sobre su aprovechamiento económico.
Fallo por la represa Futaleufú
La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda presentada por Chubut contra el Estado Nacional por el que cuestiona la validez de dos leyes del marco regulatorio eléctrico que, según la administración de Ignacio Torres, vulneran su dominio sobre los recursos naturales y afecta a la central hidroeléctrica Futaleufú.
El reclamo impulsado por el gobernador junto al fiscal de Estado Andrés Giacomone, busca que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 15.336 y 24.065.
La presentación sostiene que ambas normas lesionan «en forma manifiestamente ilegal y arbitraria» el derecho de la provincia sobre los recursos naturales existentes en su territorio, incluidos los cursos de agua, publicó el sitio El Comodorense.
Además, afirma que la provincia esa la «única legitimada para disponer de la concesión, prórroga, nuevas licitaciones, o explotación… de la Central Hidroeléctrica Futaleufú«, cuya concesión original, que fue otorgada en 1995 a la empresa Aluar, venció en junio de 2025.
En septiembre pasado, el Gobierno Nacional prorrogó transitoriamente esa concesión por 90 días, con el objetivo de realizar una nueva licitación y garantizar la continuidad operativa de la central:
«De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte», señalaron los magistrados.
