El futuro inmediato del mercado eléctrico peruano depende de una señal pendiente: la publicación de los reglamentos de la Ley 32249. La norma, aprobada a inicios de 2025, establecía un plazo de 120 días para emitir la reglamentación correspondiente. Sin embargo, a casi un año, no hay definición oficial ni fechas concretas, lo que pone en pausa una cartera de 12,5 GW en proyectos renovables, según la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR).
“En las reuniones que tuvimos antes de fin de año, el Ministerio nos dijo que esto se podría publicar en el primer trimestre de este año”, señala Riquel Mitma, gerente de Regulación de EDF Power Solutions y vicepresidente de la SPR.
A la fecha, solo dos de los tres reglamentos exigidos por la ley fueron prepublicados: el de licitaciones y el del operador independiente para sistemas aislados. Resta el reglamento de servicios complementarios.
De acuerdo con el cronograma original, los tres documentos debían estar aprobados en mayo de 2025. “Si los reglamentos se prepublican ahora, los procedimientos recién podrían estar listos hacia mediados o fines de año, y las licitaciones comenzarían en 2027”, proyecta Mitma.
A nivel operativo, la falta de reglamentos ha dejado a la normativa sin efecto práctico. “Hoy esta norma es inaplicable. Ni se pueden hacer licitaciones ni firmar contratos bilaterales”, advierte Mitma. Esto ha generado una parálisis en el mercado eléctrico, ya que las empresas distribuidoras no cuentan con mecanismos habilitados para contratar energía.
En ese contexto, desde la SPR insisten en que los reglamentos no deben consolidar el status quo, sino abrir el mercado a nuevos jugadores que no disponen de plataformas 24/7. “Esta competencia real, transparente y abierta es lo que permitirá que los beneficios lleguen a los usuarios”, asegura Mitma.
“Tenemos 58 proyectos listos para avanzar. Son 12,5 GW y más de US$12000 millones que podrían empezar a movilizarse con una señal clara del Gobierno”, enfatizó el referente de la SPR.
Ese volumen de inversión representa una oportunidad estratégica para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica del país. El sistema interconectado peruano crece a razón de 500 MW anuales, y solo hacia 2030 se requerirán entre 2,5 y 3 GW de nueva generación, según estimaciones de la SPR. A 2035, la necesidad podría ascender a entre 5 y 7 GW, lo que convierte a esta cartera en una fuente clave para garantizar seguridad de suministro.
No obstante, Mitma advierte que, en el escenario actual, los únicos proyectos que avanzarán serán los apalancados por empresas con plataformas habilitadas, lo cual limita la entrada de nuevos actores y tecnologías.
“Si no se aprueban los reglamentos, los únicos que podrán operar son los que ya tienen presencia. Eso lleva a una mayor concentración del mercado y a precios que no necesariamente bajan”, advierte.
Desde la SPR señalan que no solo es urgente aprobar los reglamentos, sino que estos deben respetar el espíritu técnico de la Ley 32249, pensado para modernizar el sistema y permitir la entrada de nuevas tecnologías en condiciones competitivas.
En ese sentido, presentaron observaciones durante la consulta pública. Entre los aspectos clave, proponen que el reglamento de licitaciones contemple la separación entre energía y potencia, permita la compra por bloques horarios y defina que las licitaciones de largo plazo estén enfocadas a nuevos proyectos, no a activos ya existentes.
“El objetivo de esta ley es que entren nuevos agentes, con nuevas tecnologías, y eso solo es posible si las reglas aseguran una competencia real”, sostuvo.
Respecto al reglamento de servicios complementarios, Mitma destaca que debería sentar las bases para crear un mercado transparente, y no simplemente establecer un mecanismo regulado.
“No hay mejor herramienta que un mercado para lograr eficiencia. Una regulación solo intenta simularlo”, subrayó.
Además, apuntó que el caso de Iquitos —el sistema aislado más grande del mundo— exige reglas claras y un operador independiente que garantice seguridad y sostenibilidad operativa, otro punto clave que depende de esta reglamentación pendiente.
Para el sector, el rol del Ministerio es central. “Creemos que el Estado debe liderar con criterios técnicos y actuar con decisión. Si no se actúa ahora, se postergan los beneficios de esta transición energética”, concluyó Mitma.
