Discusión de alto voltaje en el mercado eléctrico

El Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual reconoce capacidad de potencia firme para generar electricidad a las energías renovables nuevas, básicamente la eólica y la solar. Estas energías –lógicamente- generan energía cuando hay viento y sol, respectivamente. Pero en conjunto, mirando hoy la generación eléctrica como sistema integrado de varias fuentes, han tenido una capacidad de sostener la provisión de energía de manera continua (firme) al menos en cierta proporción. Eso es lo que se reconoce ahora.

Este asunto –más bien técnico- tiene una consecuencia comercial clave. A estos parques de nuevas energías renovables se les exigía un respaldo firme (básicamente, de generación en base a combustibles fósiles) muy alto (en torno a 50% de la capacidad total), que elevaba el costo y dificultaba vender directamente a grandes consumidores. Con el nuevo decreto y el referido “reconocimiento”, esa exigencia de potencia firme es mucho menor que antes, lo que les baja el costo y les abre oportunidades comerciales. Es también un reconocimiento más a las energías renovables, no contaminantes de la atmósfera. Que se les exija un fuerte respaldo de energía fósil adjunto, no tiene mucho sentido.

Pero en UTE el decreto cayó como un rayo pues algunos de sus integrantes consideran la nueva disposición como una amenaza. Sucede que hoy UTE está comprando energía a parques eólicos y fotovoltaicos ya instalados, a precios que –en promedio- son notoriamente mayores a los nuevos que estarían ingresando, y compitiendo por proveer a los grandes consumidores, lo que constituiría una competencia desleal; ven el riesgo de que varios grandes consumidores dejen a UTE y comiencen a proveerse de generadores independientes. Esta visión es la del director de UTE en representación de Cabildo Abierto (Ec. Enrique Pees Voz) y la directora en representación del Frente Amplio (Dra. Fernanda Cardona). También es la del sindicato. No es la primera vez que el FA y Cabildo se acercan, en oposición a una iniciativa de corte liberal.

De hecho, meses atrás UTE buscó renegociar esos contratos firmados a precios que hoy se perciben como altos, para bajarlos, extendiendo en contrapartida el plazo de los contratos. Pero la negociación no llegó a buen puerto y la situación quedó inalterada.

Los cambios serán paulatinos y dependerán también de otro asunto clave para el mercado eléctrico: el costo de los peajes de transmisión, que pagan los generadores/consumidores a la red (de UTE) por transmitir la energía eléctrica entre la fuente y el punto de consumo. A juicio de los generadores, esos costos de peaje son hoy excesivos y pueden representar hasta el 30% o más del costo final. Desde UTE, se remarca que los costos tienen que cubrir gestión de la red, mantenimiento y –obviamente- inversiones. Nada es gratis. En cualquier caso, los peajes los define Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Electrones libres

El nuevo decreto es un paso más en la apertura del mercado eléctrico, que comenzó a configurarse a partir de la Ley Reguladora del Marco Energético (16.832), del año 1997, que incluía la libre generación y la creación y regulación de un mercado eléctrico, con su propia administración (ADME). La ley se aprobó en 1997 (segunda presidencia del doctor Julio María Sanguinetti) y especialmente durante los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020) se sumaron centenares de megavatios de generación en base a energía renovable, a partir de inversiones empresariales locales e internacionales en parques eólicos y, más recientemente, fotovoltaicos, asó como se instalaron algunas empresas de generación en base a biomasa. Parques eólicos de UTE también se sumaron, así como la generación de las plantas de celulosa.

Todos esos proyectos se fueron incluyendo en el abastecimiento de la demanda a través de contratos con precio fijo. El marco regulatorio también habilitó desde el principio la posibilidad de contratos entre empresas y un mercado spot, pero estos han tenido poco desarrollo por diversas limitaciones. Una de ellas es la que se levanta con el nuevo decreto, pero en UTE se discute si impugnarlo. El directorio está dividido.

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que encabeza el Ing. Omar Paganini, se entiende que el nuevo decreto promoverá la inversión en generación y bajará los costos, lo que redundará en beneficio de la economía y los consumidores. En especial, permitirá atraer proyectos con alta demanda energética, y que hasta ahora no lograban instalarse por costo y/o capacidad de respaldo. Se mencionan los proyectos para generar hidrógeno verde y también para baterías de diversos usos (entre ellos, movilidad eléctrica). A su vez, muchas empresas internacionales, cada día más alineadas con objetivos ambientales, ven una oportunidad muy atractiva en proveerse de energía renovables con nuevos contratos, lo que reforzaría su sustentabilidad. Es el caso de Montevideo Refrescos SA, que ya firmó –en el régimen actual- un contrato de suministro de energía eléctrica con el parque eólico Albisu (Salto) de la empresa internacional de energías renovables Atlántica. En este caso la potencia firme la aporta una empresa que genera en base a biomasa.

Desde la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (AGPEE) defienden el nuevo decreto. Destacan que el Costo de Abastecimiento de la Demanda de energía eléctrica (CAD) ha bajado sustancialmente con la incorporación de las energías renovables de los parques de inversores. Según sus números (basados en un estudio de consultora Exante), el costo unitario bajó de 64 a 38 U$S/MWh, una caída de 50% en términos reales (gráfica). Las tarifas de UTE bajaron, pero en porcentaje bastante menor. Según AUGPEE esto ha permitido una mejora sustancial en los resultados de UTE.

Los directores que se oponen al decreto y el sindicato hablan de privatización. Entiendo que privatizar es vender un capital de propiedad estatal a un empresario independiente o empresa no estatal. No es el caso: el proceso de los últimos años ha abierto más espacio a la inversión en energía, que el Uruguay está necesitando para poder seguir creciendo. Es obvio que para UTE esto es un desafío, el tema es cómo enfrentarlo. La empresa estatal tiene un punto en remarcar la asimetría entre los contratos vigentes (que paga ella), respecto a los nuevos, más competitivos, que podrían quitarle clientes. Pero también tiene espacio para mejorar su competitividad y bajar tarifas. Y si está cargando con obligaciones de corte más social y subsidia a determinados sectores o población, sería bueno transparentarlo y aclarar las cuentas. Las políticas energéticas y las sociales son cosas distintas.