Es un escenario ambicioso al 2040 en el cual la digitalización de las redes debe estar acompañada por incentivos tarifarios y regulatorios que incorporen la resiliencia a la ecuación económica.
El sector eléctrico se está asomando a una nueva era de transformación en el cual la distribución tendrá un protagonismo para el cual deberá prepararse.
Es que en ese segmento se desarrollará la innovación de la digitalización, las microrredes, la generación distribuida, los medidores eléctricos, la movilidad eléctrica y la descarbonización de sectores como la industria o el transporte, entre otros aspectos que conducirán hacia un modelo sostenible y resiliente.
Sin embargo, la transición hacia un sistema energético más limpio y eficiente no puede lograrse sin una inversión significativa en la infraestructura de distribución eléctrica.
Un reciente estudio de la Asociación de Distribuidoras Latinoamericanas analizó la proyección de la transformación en siete países de la región, entre ellos la Argentina y las necesidades de inversión en distintos escenarios para acompañar la transición al 2040 y cumplir las metas ambientales.
Así, para el país ese trabajo consideró que si se excluyen las inversiones que no serán necesariamente realizadas por los operadores de los sistemas de distribución, el monto de inversiones para el escenario de transición efectiva al 2040 asciende a u$s 39.600 millones. En el caso de que el sistema avance en un esquema moderado de transición ese monto se reduce a los u$s 25.300 millones.
En el nuevo escenario de la transición energética para la Argentina se estimó para 2040 que el sistema afrontará 17,2 Gwh de demanda de energía por nuevos usos, es decir a partir de reemplazo de fuentes de consumo de energía hoy dominada por combustibles de origen fósil.
La cobertura del requerimiento residencial será 5,5 Gwh con el reemplazo del 50% de fuentes actuales; para el comercial, Servicios y Público de 10,4 Gwh contemplando la electrificación del 100% y el industrial de 1,2 Gwh, con el reemplazo de carbón, biomasa, GLP, diésel y fuel oil.
Pero no todos son costos, porque la mejora en la calidad del servicio, una mayor resiliencia y la modernización de las redes se traducen en una reducción de la factura final que los consumidores deben pagar por el consumo energético. Esto se debe a una mayor eficiencia en el uso de la energía, la reducción de pérdidas en la red, y el acceso a fuentes de energía más baratas y sostenibles.
Una transformación tecnológica y cultural
Para Horacio Nadra, vicepresidente primero de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), destacó que esta transición energética si bien es de alcance nacional refleja que la regulación de la distribución eléctrica es local, es decir que cada provincia tiene el control regulador y si bien todas están coordinadas con la ley nacional existen diferentes situaciones a atender.
En ese marco, las empresas trabajan actualmente en una dimensión de corto llevando adelante una coyuntura compleja por las condiciones macro del país y los problemas de demoras en los ajustes tarifarios por inflación.
Y en el mediano plazo afrontando los desafíos de una de las mayores transformaciones desde que se inventó el sistema eléctrico hace más de 100 años, y que hoy en el país tiene una cobertura casi universal al llegar a todas las casas, comercios, industrias y siendo en los estamentos sociales de más bajos recursos, probablemente, el único servicio disponible.
«Estamos en una profunda transformación cultural y tecnológica en las empresas para hacer mutar un sistema que viene funcionando hace más de 100 años a algo absolutamente nuevo, con resiliencia operacional y tecnología que aporte flexibilidad a la operación, porque a través de las redes de distribución se podrán instrumentar todos los cambios tecnológicos que tienen que ver con la generación distribuida, el almacenamiento y darle participación activa al consumidor y las formas de utilizar la nueva tecnología», explicó Nadra.
Esa transformación navega sobre tres grandes olas que la impulsan vinculadas al clima, la creciente urbanización que genera un desafío de crecimiento y la electrificación de los usos.
Para esos desafíos es que se imponen multiplicar las inversiones en el sector de distribución por los próximos años que, en el caso de la Argentina, actualmente alcanza los u$s 700 millones anuales.
«La transformación se va a hacer sí o sí, porque lo impulsa la gente, pero hay que tener en cuenta que el costo de la distribución pesa sobre el 30% en la factura del usuario final. Esto requiere de la continuidad de las revisiones quinquenales en todo el país, y aggiornar las reglamentaciones de los 90 que no contemplaban las cosas que están ocurriendo hoy. Es clave el concepto de resiliencia formando parte de la ecuación económica, y de ver las revisiones tarifarias no como en los últimos 20 años como minimizadoras de costos sino como maximizadoras de servicios para la comunidad», explicó Nadra.