Equinor, la petrolera estatal noruega, contrató al Bank of América para vender sus activos en Vaca Muerta, pero mantendrá su exploración off shore en la costa marplatense, en tanto que Raizen busca comprador para todos sus activos en el país, incluida la refinería de Dock Sud. La incidencia del factor político, el antecedente de Petronas y el «capitalismo de amigos».
Equinor fue fundada en 1972. Una parte de la empresa cotiza en bolsa, pero el estado noruego conserva la mayoría y, en consecuencia, el poder de decisión. Se trata del tercer gigante del sector que se retira de la cuenca neuquina, una de las mayores reservas de shale oil del mundo, detrás de la estadounidense Exxon Mobile y la francesa Total.
En los últimos días, se sumó la brasileña Raizen, que opera la histórica refinería de Dock Sud, partido de Avellaneda y también expende combustible bajo la marca Shell, en 700 estaciones de servicio en todo le país. Para iniciar el proceso de valuación de activos y búsqueda de interesados, contrató al JP Morgan.
Todas estas decisiones van, en teoría, a contramano del declarado interés del gobierno nacional de potenciar el sector energético en general y Vaca Muerta en particular, como uno de los principales generadores de divisas, junto con la minería y otras actividades primarias, beneficiarias del RIGI.
El argumento formal común a todas estas operaciones de cash out es la incidencia del cepo, que dificulta el giro de dividendos a las casas matrices. Sin embargo, la narrativa oficial sostiene que la liberación de esas restricciones, atada a fondos frescos del FMI para amortiguar el salto del tipo de cambio, es inminente. ¿No vale la pena, para los que esperaron diez años o más, esperar todavía unos meses?
En junio pasado, tras tomar muestras en el pozo denominado Argerich I, ubicado 300 kilómetros mar adentro de la costa, la empresa concluyó que allí no había petróleo. Sin embargo, continuará explorando en otros pozos cercanos. La noruega, líder en este tipo de operación, fue la primera en encontrar petróleo off shore en Nigeria.
La decisión de Equinor de seguir explorando las costas marplatenses también desmiente el argumento. Aunque el gobierno provincial ha demostrado compromiso a la hora de facilitar la infraestructura portuaria y resolver los reclamos por parte de sectores ambientalistas, la exploración se desarrolla en aguas nacionales, ya que la Provincia sólo tiene jurisdicción hasta la milla doce. ¿Entonces?
«Esa exploración es muy barata comparada con el nivel de recursos que exige Vaca Muerta. A partir del primer resultado positivo, hasta empezar a operar, hay que calcular al menos tres años. Quién sabe en qué va a estar Argentina en ese momento», reflexiona un ejecutivo del sector. Lo que deja entrever la reflexión es que la Argentina del futuro no muy lejano parece, a los ojos de los grandes jugadores hidrocarburíferos, más prometedora que la actual.
Ocurre que, ante cada anuncio de desinversión por parte de un jugador internacional, se hizo evidente el interés de alguna empresa argentina, muchas de ellas con vínculos con el entorno presidencial, como Pluspetrol (familia Rodríguez Rey), Tecpetrol (Techint) y CGC (Corporación América).
Lo que sobrevuela en el sector es el viejo concepto de «capitalismo de amigos», en el que las relaciones con el poder político pesan más que la disponibilidad de capital para grandes inversiones o la solvencia técnica. Un ex secretario de estado, con amplio conocimiento del sector, no descarta que las esquirlas de $LIBRA tengan una cuota de incidencia también.
¿Seguridad jurídica? ¡Afuera!
Esa ambición de los principales capitales nacionales es la contracara de los crecientes reclamos de empresas y cámaras internacionales por la falta de seguridad jurídica. El más notorio fue el de la American Chamber (AmCham), la cámara de comercio argentino estadounidense, insospechada de zurda o kirchnerista.
Emitió un comunicado expresando su preocupación por el nombramiento por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pocas horas antes del ya célebre tuit que pedía la renuncia del gobernador para intervenir la provincia, con el objetivo central de distraer a la opinión pública de la llegada de la criptoestafa $LIBRA al célebre diario New York Times.
Todos los anuncios de desinversión fueron posteriores al culebrón que la YPF de Horacio Marín protagonizó entre julio y agosto pasados en torno a la planta licuefactora que la petrolera estatal malaya Petronas tenía previsto desarrollar en el puerto de Bahía Blanca.
Las gestiones para llevar adelante ese proyecto, de alrededor de 30 mil millones de dólares, habían comenzado más una década antes, cuando el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, integraba el directorio de la recién recuperada petrolera argentina.
Ambas empresas ya tenían firmado un convenio, reservado un predio en la zona portuaria y concluido los estudios de impacto ambiental y permisos de obra, pasos que llevaron años de trabajo y millones de dólares de inversión.
Hasta que comenzaron los aprietes del gobierno nacional para que las legislaturas provinciales adhirieran al demorado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Buenos Aires no sólo se negó sino que desarrolló un RIGI propio, muy distinto en su contenido.
En cambio, Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck, lo aprobó de inmediato. Ya antes, el ex Frente Grande le había prestado «sus» senadores al gobierno nacional en distintas ocasiones.
Como contraprestación, el propio Javier Milei decidió, en absoluta soledad, reubicar la planta de GNL: ya no sería en Bahía, que pertenece a la provincia que gobierna «el zurdo» Kicillof, sino en la localidad de Punta Colorada, Río Negro, gobernada por un aliado.
El problema, para llevar adelante semejante arbitrariedad, era de carácter técnico. La reubicación obligaba a construir un puerto en un páramo, donde hoy no hay nada y resignar las ventajas que ofrecía Bahía, cuya aprobación se sustentaba en distintos dictámenes técnicos. El cambio de emplazamiento demorada y encarecía, las dos cosas a la vez.
En ese momento, las autoridades de Petronas, que como Equinor, es una empresa estatal, fueron requeridas por Buenos Aires/12 pero guardaron un prudente silencio. Menos de dos meses más tarde, a mediados de septiembre, anunciaron que se retiraban del proyecto, que hoy está parado por falta de un socio estratégico y sin perspectivas de reactivación.
La intervención de Milei no estuvo orientada a relocalizar la planta sino a impedir que la provincia de Buenos Aires contara con la mayor inversión extranjera directa en el sector hidrocarburífero. Al Brujo la jugada le salió mal: prestó sus senadores a cambio de nada y se quedo con las manos vacías, a la vista de todos.