La firma de los nuevos contratos de concesión de las represas del Comahue abrió una etapa distinta para Río Negro y Neuquén, no solo en términos de ingresos sino también de responsabilidades institucionales. El nuevo esquema, acordado de manera conjunta por ambas provincias y el Estado nacional, modifica reglas históricas en materia de regalías, uso del agua, planificación hídrica y control de las concesionarias, y coloca a los gobiernos provinciales en un rol más activo y exigente.
Uno de los principales beneficios del nuevo esquema es el impacto fiscal directo. A partir de ahora, las regalías se liquidarán sobre el 100% del valor de la energía generada, y no sobre una porción parcial como ocurría hasta el vencimiento de las concesiones anteriores. Este cambio corrige, según coincidieron ambos gobernadores, una asimetría histórica: las provincias cobraban regalías sobre un tercio del valor, pero pagaban la energía al precio pleno.
A esto se suma la incorporación de un canon por el uso del agua, un punto central para Neuquén y Río Negro, que reivindican la titularidad provincial de los recursos naturales a partir de la reforma constitucional de 1994. Ese canon, junto con una porción de las regalías, alimentará un fondo específico destinado a obras y trabajos de seguridad, especialmente vinculados al manejo de crecidas y a la protección de las poblaciones aguas abajo.
En términos políticos, el acuerdo también representa un reconocimiento explícito del aporte estructural que el norte de la Patagonia realiza al sistema energético nacional, tanto desde la hidroelectricidad como desde Vaca Muerta.
Energía en especie y margen para políticas productivas
Otro cambio relevante es la posibilidad de cobrar parte de las regalías en especie, es decir, en energía. Para Neuquén, esto abre la puerta a conformar una “canasta energética provincial”, con potencial impacto en políticas de desarrollo productivo, industrialización, tarifas diferenciadas o provisión estratégica para sectores clave.
Este punto introduce una herramienta adicional de gestión, pero también una responsabilidad: definir criterios claros, transparentes y sostenibles para el uso de esa energía, evitando distorsiones y garantizando que el beneficio llegue efectivamente al entramado productivo y social.
Un rol más activo en el manejo del agua
El nuevo esquema refuerza la participación provincial en el plan de manejo de aguas, un aspecto sensible tanto para la seguridad de la población como para la planificación energética y productiva. El control de caudales, la coordinación ante eventos extremos y la compatibilización entre generación eléctrica, riego, consumo humano y actividad hidrocarburífera pasan a ocupar un lugar central.
En este punto, las provincias no solo ganan voz, sino que asumen una mayor carga técnica y política: deberán sostener capacidades de control, estudios permanentes y coordinación interjurisdiccional, especialmente en un contexto donde conviven represas, ciudades en expansión y el desarrollo intensivo de Vaca Muerta.
Seguridad jurídica y control: obligaciones compartidas
El acuerdo también consolida un principio de seguridad jurídica de doble vía. Por un lado, el Estado —nacional y provincial— se compromete a respetar los contratos firmados. Por otro, las empresas concesionarias quedan sujetas a obligaciones concretas de inversión, mantenimiento, modernización y control ambiental.
Aquí aparece una responsabilidad clave para Río Negro y Neuquén: ejercer de manera efectiva los mecanismos de seguimiento y fiscalización. El nuevo esquema eleva las expectativas sobre el rol de las provincias como contralor activo, no solo como beneficiarias fiscales.
