El autor asegura que el debate por la reforma de la Ley de Glaciares expone tensiones entre Nación y provincias, y reabre la discusión sobre desarrollo, ambiente y empleo.
Solo busca solucionar la inseguridad jurídica provocada por ciertas ambigüedades del texto. Además impone a las Provincias, auténticas dueñas de sus recursos naturales, la correcta interpretación de la norma.
El ambiguo texto vigente fue diabólica y específicamente diseñado para impedir inversiones destinadas a la creación de fuentes de producción y empleo en la minería de las provincias cordilleranas.
Es lamentable que la Argentina, con las estadísticas que muestran la pobreza, la indigencia, el desempleo, el empleo precario y los comedores comunitarios, haya sido gobernada por legisladores que, dándole la espalda a esas necesidades insatisfechas, sancionaron una ley para impedir la creación de fuentes de trabajo.
La oposición a la modificación de la ley no proviene de las familias de los argentinos que buscan empleo ni de los que queremos el desarrollo económico social en todo el territorio nacional. Por el contrario, está encabezada por los representantes de las sucursales de las multinacionales ecologistas, y sus socios vernáculos, cuya estrategia se basa en transmitir miedo a la población ante cualquier iniciativa destinada al desarrollo sustentable de las familias.
Siguen utilizando rebuscadas excusas como, por ejemplo, que los glaciares quedarán desprotegidos y que sin glaciares nos quedaremos sin agua.
Para no utilizar términos más duros, digamos que «están confundidos», porque la modificación mantiene la protección de los glaciares y la garantía científica de su correcta ubicación y extensión continúa en manos del IANIGLA. Además, ya sabemos que no nos vamos a quedar sin agua porque los ríos del oeste se alimentan fundamentalmente de nevadas y de lluvias, con un aporte menor y estacional de la fusión de glaciares, siempre y cuando sus balances anuales de masas no arrojen un resultado igual a cero.
Sin embargo hay otras manifestaciones y actitudes que a los provincianos nos causa una lógica indignación. Nos referimos a dos casos concretos:
En primer lugar, los que suponen que el traspaso de gestión, de responsabilidad y de monitoreo a las Autoridades Provinciales debilitará el cumplimiento de las normas y de los respectivos controles, aduciendo que las Administraciones Provinciales no están preparadas para cumplir con esas funciones.
De hecho, al trasladarles la Nación una nueva obligación, las Provincias se harán cargo cumpliendo y haciendo cumplir las normas impuestas.
Al menos el sector minero posee el mejor ejemplo en materia de adaptación provincial ante nuevas obligaciones creadas por ley. En efecto, en 1995 se reformó el Código de Minería mediante la Ley Nacional Nº 24.585, que impuso a las administraciones provinciales la obligación de crear y/o designar autoridades de aplicación de normas de protección ambiental para la minería.
En esa instancia las Provincias crearon sus Unidades de Gestión Ambiental Minera y acordaron el texto de un reglamento común contenido en las llamadas «Normas de Bariloche». Con esas nuevas normas y estructuras, hace treinta años que las Provincias aplican y controlan el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigidas por el Código de Minería en cada jurisdicción provincial y lo han hecho de la mejor manera.
La acción de esas autoridades provinciales ha sido correcta y, en general, los proyectos mineros desarrollados en ese lapso tuvieron un excelente comportamiento ambiental. Se registró un solo accidente de contaminación con impacto a un río cercano, en 2015, por negligencia de los operadores de la mina Veladero, pero no afectó a ninguna población aguas abajo.
Con respecto al funcionamiento de esas autoridades provinciales vale la pena destacar lo ocurrido en Catamarca y Tucumán, donde a principios de siglo se iniciaron demandas y denuncias mediáticas por supuestos actos de contaminación, incluyendo perjuicios para la salud de la población.
Esas demandas y denuncias mediáticas ponían en duda el cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos mineros, como así también la calidad de las inspecciones y eficacia de los monitoreos. Por eso el Gobierno de Catamarca contrató a la Fundación Centro de Estudios Infectológicos con el objeto de comprobar los efectos denunciados.
Esa Fundación llevó a cabo un extenso trabajo en las dos provincias, que incluyó el chequeo de la salud de los habitantes del pueblo más cercano al dique de colas de la mina Bajo de la Alumbrera. En sus conclusiones se destaca que no pudieron comprobar la veracidad de los actos y consecuencias denunciadas, y que tampoco detectaron daños en la salud que pudieran relacionarse con la actividad minera (Lavandaio E. «Minería: Perón y Después», Dunken, 2021).
Las conclusiones de ese estudio fueron importantes porque también sirvieron para ratificar la corrección del funcionamiento de la Autoridad Ambiental Minera de la Provincia y de los controles llevados a cabo en forma sistemática por esa institución.
En definitiva, no hay ninguna razón para suponer que las provincias no pueden armar equipos de trabajo con profesionales y técnicos idóneos y con las tecnologías adecuadas para cada caso.
En segundo lugar, nos sorprende que desde la Cámara de Diputados de la Nación se haya convocado a una Audiencia Pública presencial en Buenos Aires el 25 de marzo, para que la población emita su opinión sobre el proyecto de Ley.
Es de sentido común que ante cualquier emprendimiento se haga una consulta pública a los pobladores vinculados con esa iniciativa. Pero en este caso no hay ningún vínculo entre los pobladores de Buenos Aires y la Ley de Glaciares. ¿Qué tienen que ver los porteños con los glaciares de la Cordillera? Las comunidades que poseen vínculos son las que habitan cerca de la Cordillera, y una Audiencia Pública presencial debería hacerse en una provincia cordillerana, como por ejemplo San Juan.
En principio parece que para los Diputados es más importante la opinión de los porteños que la de los pobladores de las provincias. También podríamos suponer que desconocen la geografía del país y por eso cometen semejante desplante.
Sin embargo, parece ser que el verdadero motivo de esa particular convocatoria es que los Diputados que la impulsaron lo han hecho en perfecta sintonía con las organizaciones del ecologismo internacional, cuyas sucursales y organizaciones argentinas adheridas a su ideología tienen sedes, casualmente, en Buenos Aires.
Ellos tienen la necesidad de transmitir miedo a la población para impedir la creación de fuentes de producción y empleo en la región cordillerana, y eso es más fácil si se hace desde Buenos Aires en lugar de hacerlo provincia por provincia.
En este escenario, apelamos al patriotismo de los Diputados Nacionales para que prioricen la solución de los verdaderos problemas del país, aportando decisiones destinadas a facilitar inversiones que conduzcan a la creación de fuentes de producción y empleo. De esa manera contribuirán a satisfacer las necesidades de muchas familias argentinas que padecen la falta de un ingreso digno que asegure su presente y su futuro sustentable.
En esa misma dirección les queremos recordar una frase del Papa Francisco, extraída de su Encíclica Laudato Si’, que coincidentemente con lo expresado dice:
“La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común” (Laudato Si’, párrafo 129).
