Organizaciones ambientalistas nos dicen que la reforma de la Ley de Glaciares pone en riesgo las fuentes de agua de millones de argentinos. Greenpeace les pide a los legisladores que “no se caguen en el agua”. El debate suele ser ilustrado con imágenes del imponente glaciar Perito Moreno. Falsedades que, por apelar a nuestros sentimientos y general desconocimiento, desvían el foco de la urgente necesidad de aclarar los alcances de la ley.
Ni el Perito Moreno está en peligro (al menos no por la minería), ni las comunidades dependen del agua contenida en las formas criogénicas (glaciares de escombros, manchones de nieve, o el mal llamado ambiente periglacial) cuyas definiciones y alcances sí están en discusión.
Para empezar, falsas creencias basadas en mensajes alarmistas sobre la disponibilidad de agua dulce en general han difundido temores en la opinión pública. A los eslóganes tales como «el agua vale más que el oro» y “Malbec o cianuro” que se usan para atacar a la minería, se suman otros, más generales, como «las próximas guerras serán por el agua». Sobre este último tema se han publicado libros enteros que afirman, entre otras cosas, que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras.
Un simple análisis sirve para refutar esto: el Río de la Plata descarga al mar una cantidad de agua dulce equivalente al uso doméstico de los mil millones de personas que habitan las Américas, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Si alguna nación quisiera apropiarse de agua dulce, sólo tendría que visitar la desembocadura de éste u otros ríos con buques cisterna y llevarse el agua que vemos pasar.
Además del Río de la Plata, Argentina cuenta con ríos y acuíferos subterráneos más que suficientes para desarrollar nuestros recursos (agropecuarios, minerales, energéticos, etc.) sin desatender las necesidades de la población ni de su crecimiento en las generaciones futuras. Tenemos un país donde no hay escasez de agua. En los lugares donde el agua no alcanza, lo que falta es planificación e inversión.
Según la Academia Nacional de Ingeniería (informe de 2021), en las provincias mineras argentinas, el uso de aguas del sector minero equivale al 1% del total. Este 1% es menor que el margen de error en la medición del uso agropecuario (80%) y de sus pérdidas por ineficiencia (40% del total), especialmente en las provincias de Cuyo y NOA donde se practica el riego por manto. Por otro lado, la minería recicla la mayor parte del agua que consume y tiene la posibilidad de usar aguas salobres o saladas, no aptas para riego ni consumo humano.
La mina más grande de la historia argentina, (Bajo de la Alumbrera, en Catamarca) fue blanco de críticas por su consumo de agua. Sin embargo, nunca afectó a terceros ni secó ríos como se intentó difundir. Cálculos independientes indican que la mina de cobre consumía el mismo volumen de agua que una plantación de olivos de 800 hectáreas regadas por goteo (o una finca pequeña regada por manto), en una zona donde existen decenas de miles de hectáreas de olivos en producción.
Nuestras minas más grandes de oro y de litio consumen una cantidad de agua equivalente a fincas agrícolas de 50-100 hectáreas. El desarrollo de una nueva mina, de las más grandes de Argentina, en la cordillera, no sería detectable midiendo los caudales de los ríos aguas abajo.
Es la política y no la disponibilidad de aguas la que limita el desarrollo de la minería argentina. Por ejemplo, Chile, Perú o los estados norteamericanos de California, Nevada y Arizona, con clima y geografías similares a nuestras zonas potencialmente mineras, tienen minería a gran escala desde hace más de 100 años. Sin leyes de glaciares ni las catástrofes que predicen (cabe recordar las predicciones fallidas sobre las pasteras del río Uruguay) quienes defienden el statu quo de la actual ley.
Hay quienes presentan el debate sobre la reforma de la ley de glaciares como un dilema moral, una elección entre desarrollo y medio ambiente, agua o minería. Simplemente, no lo es. Más allá de los interesantes debates legal y jurisdiccional (más o menos federalismo), el tema específico de las fuentes de agua no necesita de más polarización ni falsas alarmas. Es necesario legislar en base a datos y sentido común.
*Master en Geología (Universidad de Harvard); Presidente de Geo Logic SA.
