Argentina cuenta con abundantes recursos energéticos —gas, agua, viento, sol, litio, cobre y uranio— pero enfrenta un cuello de botella crítico: la falta de infraestructura de transmisión en alta tensión.
El sistema nacional opera al límite, con apenas 20.300 km de líneas troncales, de los cuales 14.200 km en 500 kV, insuficientes para acompañar el crecimiento de la demanda.
El apagón del 15 de enero de 2026, que dejó sin luz a más de 800.000 usuarios en Buenos Aires, puso en evidencia la fragilidad del sistema. Subtes, trenes y el aeropuerto de Ezeiza quedaron paralizados, generando un fuerte impacto social y económico.
En agosto, el Gobierno lanzó un plan de USD 6.600 millones para ampliar la red de transmisión, con financiamiento privado y licitaciones a cargo de CAMMESA y transportistas como Transener, Transba, Transnoa, Transcomahue y Distrocuyo. El objetivo es reforzar el sistema de 500 kV y evitar nuevos cortes masivos.
La tarifa de transporte eléctrico es una de las más bajas de la región: apenas USD 0,003 por MWh, frente a los USD 8–10 en Chile y USD 12–15 en Colombia. Esta diferencia limita la capacidad de inversión y explica el atraso en infraestructura.
La generación eléctrica alcanzó 153 TWh en 2024, con un mix dominado por el gas (49%), hidroeléctrica (25%), eólica (11%) y nuclear (7%). En 2025, las renovables cubrieron el 19,6% de la demanda, con 6.960 MW instalados. Sin embargo, gran parte de esa energía no puede aprovecharse plenamente por falta de transporte.
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El crecimiento de la demanda por hogares, industria, minería y megacentros de datos tensiona aún más la red. Dos generadoras argentinas cotizan en Nueva York y el Estado comenzó a vender participación en transporte, lo que abre oportunidades para inversores.
En definitiva, Argentina enfrenta un dilema: abundancia de recursos energéticos pero déficit de infraestructura. La ampliación de la red de transmisión será clave para garantizar la seguridad energética, aprovechar el potencial renovable y sostener el crecimiento económico.