Los estudios financiados por el BID incorporan por primera vez datos de siete provincias para transparentar tributos, regalías y titulares en los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
El Ministerio de Economía de la Nación presentó el 26 de octubre dos nuevos informes de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) elaborados con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El trabajo involucró la participación de más de 60 entidades e identificó preliminarmente a 19 empresas mineras y 17 firmas hidrocarburíferas para integrar el proceso de recopilación de datos, con el objetivo de fiscalizar los tributos y regalías del sector en los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
La metodología implementada incluye por primera vez el análisis de materialidad provincial en siete jurisdicciones adheridas: San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Mendoza y Río Negro. La iniciativa contempla la publicación de información sobre concesiones, contratos, impuestos, regalías, producción y los titulares de las sociedades que explotan recursos naturales en el país, incorporando dentro de la evaluación las contribuciones económicas de los proyectos que se encuentran en fases de exploración y construcción.
El país pertenece al estándar internacional EITI desde 2019. En marzo de 2026, la organización otorgó a la Argentina una calificación de 80 puntos sobre 100 por el cumplimiento de sus pautas de transparencia. No obstante, la auditoría internacional señaló dificultades persistentes en la publicación de contratos, la identificación de los beneficiarios finales de determinadas compañías y la estandarización de reportes sobre gastos ambientales y sociales a nivel subnacional.
El proceso continuará con la elaboración y posterior difusión del quinto informe nacional EITI Argentina, documento que consolidará las ejecuciones de los años 2024 y 2025. La recopilación busca igualar las condiciones de fiscalización entre los gravámenes nacionales y las tasas provinciales para verificar el cumplimiento de las obligaciones económicas de los operadores privados.