El Gobierno realizará una desinversión estatal en todos los activos en empresas o entidades con actividad relacionada con combustibles fósiles. Así lo contempla el proyecto de Ley de Cambio Climático, que también recoge la intención del Gobierno de lanzar este año nuevas subastas renovables bajo otro marco.
El Gobierno tiene intención de elaborar en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley un estudio de situación y propuesta de calendario para que la Administración lleve a cabo un proceso de desinversión en actividades de extracción, refinamiento, o procesado de productos energéticos con origen fósil. Además, el proyecto de Ley establece que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
Así, el Ministerio de Hacienda elaborará un informe durante el último trimestre de cada año natural sobre el régimen fiscal aplicable a aquellos productos de origen fósil, identificando qué ayudas y medidas favorecen su uso.
Por otra parte, la entrada en vigor de la futura ley no permitirá otorgar nuevas autorizaciones de exploración ni permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Del mismo modo, no se permitirá la fracturación hidráulica de alto volumen, más conocida como fracking.
Nuevas subastas renovables
En el marco de la aprobación del nuevo proyecto de Ley de Cambio Climático, el Gobierno tiene intención de lanzar subastas renovables bajo un nuevo marco que premie al consumidor con precios más baratos y que impulse el desarrollo de proyectos renovables como palanca de ayuda tras la crisis de la COVID-19.
Con el nuevo mecanismo de subastas, dotado de una estructura más simple y parecido al de otros países europeos del entorno de España, se dejarían atrás las primas, recibiendo un precio estable a largo plazo que estará casi siempre por debajo del precio del mercado.
En el documento aprobado por el Gobierno se establece que en las subastas se podrá distinguir entre distintas tecnologías atendiendo a sus características técnicas, criterios de localización, madurez tecnológica y niveles de gestionabilidad.