Ya nadie le desconoce la realidad. Las compañías dejan la región para conseguir las bondades del no convencional: contratos de cinco años y una rentabilidad más rápida.
En este sentido, el gobernador de Chubut adelantó que se avanzará sobre una ley que asegura la permanencia de las empresas en la provincia con un esquema de “Compre Local” que incluiría beneficios como también la generación de incentivos en regalías para las nuevas inversiones.
“Es un programa que ya tenemos vigente a través del Gobierno provincial y que contempla una reducción de las regalías para la operación en los yacimientos maduros. Para toda inversión adicional trabajaremos en la baja de regalías”, aseveró.
Otro de los puntos sobre los que se exigirá al Palacio de Hacienda es la importación de polímeros para seguir potenciando los proyectos de recuperación terciaria. “Debemos ver los costos porque lo que se obtiene en terciaria, se exporta y es lo que más beneficia a la provincia”, subrayó Arcioni.
En la mesa petrolera se discutieron diferentes propuestas. Una de ellas fue el tratamiento del proyecto de la Ley de Hidrocarburos. El gobernador de Chubut aseguró que se trabajará en la normativa para que se retome el debate este año, después que fuera cajoneada en septiembre de 2021. El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, y el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, se mostraron a favor de la iniciativa.
“La Ley de Hidrocarburos fue una de las ideas que el gobernador se comprometió a analizar y vamos a armar un borrador pensando en la previsibilidad. A nivel provincial buscaremos promocionar proyectos adicionales de las operadoras para bajar las regalías porque pretendemos que la actividad continúe”, manifestó Cerdá.
En tanto, el líder de petroleros convencionales consideró que el proyecto de ley permitirá, entre otras cosas, que “las operadoras que inviertan en Vaca Muerta estén obligadas a mantener la actividad en los yacimientos convencionales”.
Las autoridades volverán a reunirse dentro de 10 y 15 días. Allí, se establecerán los pasos a seguir. No hay mucho tiempo para negociar. Ávila advirtió que en junio puede “haber una gran cantidad de empresas que quiebren sino se hace algo” y el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización. Los próximos días serán fundamentales: si las respuestas no son positivas, se puede quebrar la paz social.