La Oficina del Presidente Electo (OPE), Javier Milei, confirmó este martes que Eduardo Rodríguez Chirillo será el secretario de Energía a partir del 10 de diciembre. Es un abogado experto en privatizaciones que participó como funcionario durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, con el entonces secretario de Energía Carlos Bastos. La «privatización» de YPF es uno de los mandatos libertarios.
Rodríguez Chirillo quedará dentro de la estructura del súper Ministerio de Infraestructura que comandará Guillermo Ferraro y tendrá a cargo tareas fundamentales como la resolución de las tarifas y los subsidios, atender el atraso en los precios de los combustibles (nafta y gasoil), potenciar la producción y las exportaciones de petróleo y gas en Vaca Muerta, así como diseñar el esquema y la prioridad de obras en el sector eléctrico. Además, deberá «poner en valor» YPF para después enajenar las acciones del Estado y venderlas al sector privado.
El abogado participó la semana pasada de una reunión de transición en el Ministerio de Transporte y luego se quedó dos horas conversando con la actual secretaria de Energía, Flavia Royon. Su colaborador más cercano es Carlos Casares, un ex gerente de Ventas de Tecpetrol que trabajó en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y fue subsecretario de Hidrocarburos durante la presidencia de Mauricio Macri. También tiene en su equipo a Raúl Parisi, director del Comité de Energía del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que años atrás había diseñado un plan para el desarrollo de Vaca Muerta junto a Guillermo Nielsen.
Antes de empezar a trabajar en el plan energético y en la reforma del Estado para La Libertad Avanza (LLA), Rodríguez Chirillo colaboraba para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y desarrolló su carrera en España, en donde revistó en la empresa de servicios públicos Iberdrola, y México, en donde fue vicepresidente de Gauss Energía.
La agenda del futuro secretario de Energía está en las desregulaciones. Su idea es propender hacia esquemas de contratos entre privados y eliminar la intervención del Estado en cuanto sea posible. Por caso, la comercialización de energía eléctrica y los permisos de exportación para petróleo y gas, que el sector busca extender a por lo menos 5 años, sin depender de la firma de un funcionario.