Desde que Javier Milei incluyó en la Ley Ómnibus a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) como una de las firmas a privatizar, varias fueron las voces que salieron a oponerse. Primero fue la del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien si bien tiene una posición de diálogo respecto al mega DNU presidencial, se mostró preocupado por el futuro de la empresa, que tiene participación del gobierno provincial y que preside su hermano, Fernando Jalil.
Ambos han recordado que durante la gestión de Mauricio Macri también hubo un intento en el mismo sentido que resultó inviable y consideran que Milei sólo está mal asesorado, ya que los recursos naturales les pertenecen a las provincias.
También mostró su rechazo el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, ya que por jurisprudencia de larga historia esa casa de estudios también es propietaria de la empresa.
Y en las últimas horas, un abogado experto en materia minera sumó un estudio jurídico que cuenta en detalle por qué sería un error avanzar con la medida. Se trata de Wbaldino J. Acosta, quien además es Magister en Derecho Administrativo y trabaja asesorando en minería.
“Estudié el tema y elaboré un escrito de doctrina. Lo que hace Milei es patear el tablero de todo y luego poner fichas en su lugar. Creo que en el caso YMAD no han estudiado a fondo. Vienen a meter motosierra pero cuando nos ponemos a analizar el caso no hay fundamentos . Hoy la Nación sólo participa de las pérdidas pero no de las ganancias. Como YMAD no puede quebrar entonces cualquier mal funcionamiento lo debería pagar el Estado nacional”, expresó.
“El proyecto de ley que el presidente Javier Milei envió al Congreso Nacional incluye entre sus 664 artículos un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado. Según la visión del nuevo gobierno, el Estado Nacional necesita concentrar su actividad en sus funciones esenciales, por lo cual se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, siguió Acosta
La Ley Ómnibus incluye un listado de 41 empresas estatales sujetas a privatización entre las que se encuentra Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. “Pero el texto del artículo 124 de la Constitución Nacional es categórico y asigna el dominio originario de todos los recursos naturales existentes en la zona minera de Agua de Dionisio a la Provincia de Catamarca”, arrancó.
Es decir, la Constitución dice que el Estado Nacional no cuenta con ninguna atribución para disponer de dichos recursos, bajo ninguna forma.
“No puede privatizar, ni estatizar, ni disponer de ninguna manera de los recursos naturales de Catamarca. Sencillamente no puede hacerlo porque no le pertenecen dichos recursos. Punto final”, enfatizó el letrado.
Larga historia
La actividad minera en el Distrito de Hualfín, departamento de Belén, en Catamarca, se practica desde antes de la llegada de los españoles a la región. Sin embargo, la historia reciente señala que en visitas de campo realizadas por Abel Peirano a partir del año 1936 se descubre el yacimiento Farallón Negro, con la colaboración del Instituto de Mineralogía y Geología de la Universidad Nacional de Tucumán.
El nombre “Farallón” (o “Farellón”) corresponde a “roca alta que emerge o sobresale” y por el color oscuro de sus minerales logró el aditamento de “Negro”.
Innumerables documentos reservados en los archivos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ponen de manifiesto la epopeya de lo que fue el sueño minero generado por Abel Peirano, docente la Universidad Nacional de Tucumán, quien lideró el trabajo orientado a confirmar los derechos universitarios sobre el distrito.
El “Farallón Negro” despertó interés tanto de la Universidad Nacional de Tucumán como de la provincia de Catamarca, quienes durante un prologado tiempo mantuvieron contrapuntos respecto de su titularidad, los cuales fueron zanjados en el año 1958, primero con la firma del “Acta Farallón Negro” entre la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional, y luego con la sanción de la Ley 14.771, por la que el Congreso Nacional crea el ente Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), comenzando un año más tarde con su actividad como empresa interestadual con sede en Catamarca.
YMAD funciona con un directorio integrado por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales son designados y representan a Catamarca, dos vocales son designados y representan a la Universidad Nacional de Tucumán y hay un presidente que actúa como representante del Estado Nacional.
Ese directorio tiene las potestades para cumplir integralmente el objeto fijado en la ley de creación. En especial, debe preparar anualmente un plan de acción a cumplir durante el ejercicio económico siguiente, acompañando una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar por la empresa y un presupuesto de explotación que contemple en forma integral y en grandes rubros, los recursos y erogaciones que han de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, así como la estimación de los probables resultados a obtener.
El plan de acción y el presupuesto de explotación deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional, dando cuenta de ello al Congreso.
“Lo que sí podría hacer el Congreso Nacional es dictar una ley mediante la cual se derogue la Ley 14.771. Constitucionalmente no puede hacer nada más. Una vez derogada, Catamarca podría legislar localmente del modo y bajo la forma legal que sus autoridades locales estimen más conveniente, con el debido resguardo de los derechos mineros en juego. Así, finalmente, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio sería devuelto a sus legítimos dueños”, dijo Acosta.
Férrea defensa
El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, firmó junto al gobernador Jalil una nota dirigida al presidente Milei, en la que ambos ratifican su condición de propietarios de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
En la nota conjunta, Jalil y Pagani especificaron que es «unánime la jurisprudencia judicial y de la Procuración del Tesoro de la Nación, así como calificada doctrina que analiza la especial caracterización de YMAD, que es el fruto de un acuerdo de entes estaduales (Acta de Farallón Negro del año 1958), por lo que la Ley 14.771 ha sido considerada como una muy especial ‘ley convenio’, que solo puede ser modificada o alterada, como condición de legitimidad, como resultado de un nuevo acuerdo de la Provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán», que son “los únicos dueños y exclusivos legitimados a los derechos económicos derivados de su explotación».
Análisis jurídico
En un trabajo de 9 páginas, el abogado Wbaldino J. Acosta, quien además es Magister en Derecho Administrativo, hizo un pormenorizado estudio en el que concluye el por qué al Estado nacional ni siquiera le conviene seguir siendo parte de la empresa YMAD.