El Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) expresó su preocupación por los intereses del sector PyME de las cadenas de valor de las industria oil & gas, minería y energía ante el tratamiento en Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley Omnibus.
En las presentaciones se expresó la inquietud por incremento de derechos de exportación y alícuotas del impuesto país para la importación de insumos productivos; y asimismo la potencial desprotección del entramado productivo local en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ante las asimetrías industriales estructurales existentes.
Desde el GAAP aseguran que «el objetivo es velar por los intereses de las PyMEs de estas cadenas de valor, y promover espacios de diálogo que impulsen el desarrollos de las industrias de la energía, hidrocarburos y minería en conjunto con el desarrollo industrial local, que permita generar más tecnología nacional y empleos de alto valor agregado como propuesta de solución a las asimetrías macroeconómicas y avances contra la pobreza».
El jueves pasado representantes de esa entidad fueron recibidos por el Dr. Carlos Morales, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodriguez Chirillo. En esa reunión el GAPP representado por Leonardo Brkusic y Rodolfo Gayoso, presentaron la cadena de valor PyME relacionada a la industria energética y manifestaron algunas inquietudes del sector en relación al beneficio de desgravación arancelaria impulsada por el RIGI en la Ley Omnibus.
En este sentido, se manifestó que el GAPP promueve la libre competencia de sus empresas al abordar permanentemente distintos mercados externos de exportación de tecnología argentina para O&G, minería y energía, pero que debería analizarse contemplar las distorsiones estructurales en materia de producción, en vista de minimizar una posible afectación al tramado de proveedores locales, los cuales representan un sector estratégico de cara a los desafíos y proyectos en materia energética que se vienen».
La ley ómnibus enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso Nacional, que hoy está en pleno debate, plantea una profunda reforma del sector energético, centrada en un mayor protagonismo de la inversión privada con precios liberados, cambios en los porcentajes de regalías, sin prórroga en las concesiones, y la privatización de YPF, Enarsa, Nucleoeléctrica, Dioxitex y Yacimientos Carboníferos Fiscales.