Lo que prometía ser un principio de acuerdo para que YPF devuelva las áreas improductivas en la región terminó siendo una tarde de acusaciones cruzadas. La empresa de mayoría estatal prometió que no se perderían los puestos laborales y se protegerían a las pymes.
El gremio y los empresarios de la región desconfían de que el traspaso de las áreas no deje heridos en el medio. Ávila le pidió a Torres que arbitre los medios necesarios para que YPF revea su estrategia en Chubut, sino se avanzaría con medidas de fuerza. El gobernador se mantenía neutral en cuestiones petroleras, pero el pedido del también diputado nacional lo obligó a jugar un papel más crítico con las operadoras.
El recelo entre los actores hacía dudar cualquier tipo de planteo para la reunión de las operadoras que mantienen actividad en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge.
La cumbre se desarrolló el 22 de enero en la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sindicato de Petroleros Privados estaba inquieto, pero focalizaba sus expectativas en lo que había expuesto la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en el tratamiento en comisiones de la ya cajoneada Ley Ómnibus. Además, se esperanzaba con las propuestas de Nación de eliminar el barril criollo y la liberación de exportaciones, un reclamo histórico del convencional. El programa de baja de regalías que aplica el Gobierno del Chubut también era un elemento que sumaba fichas para dar vuelta la balanza de años negativos. Nada de eso sucedió.
Según pudo saber +e, las operadoras anunciaron un presupuesto para el 2024 de 1.203 millones de dólares y si se lo compara con el registro de 2023 (1.483 millones de dólares) implica una baja de 284 millones de dólares.
El gremio fue tomando nota de cada uno de los anuncios que realizaron las compañías y fue rechazando cada uno de los planes declarados. La mesa fue de alto voltaje y los petroleros de base anunciaron que si las operadoras no cambiaban de opinión “el Centro de Comodoro iba a estar poblado de trabajadores petroleros”.
Ávila le volvió a pedir al gobernador de Chubut que gestione con Nación la llegada de polímeros, un viejo pedido de Capsa, y las acciones que se requieran para que las compañías aumenten las inversiones. Es que con la baja de 284 millones de dólares en inversiones significaría una nueva ola de despidos en la región.
“Fue la peor reunión en la historia del petróleo”, calificó un día después Ávila mediante un video para sus representados.
El descontento del gremio fue escalando con el correr de los días. No se obtienen respuestas y comienzan a deslizar que desde el Gobierno del Chubut actúan de “manera dócil” con las empresas.
En tanto, Ávila advirtió que, si no se obtienen novedades positivas antes del 21 de febrero que es la fecha en la que vencen las conciliaciones obligatorias con el Gobierno nacional, el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut llevará a cabo medidas de fuerza para el 22 y 23 de febrero paralizando la producción y movilizándose por el Centro de Comodoro Rivadavia.
Chubut depositaba sus esperanzas en el capítulo de Energía de la Ley Ómnibus, pero caído el proyecto de ley deberá replantear su hoja de ruta. El reloj comienza a correr en contra y el miedo de que el cartero traiga malas noticias es cada vez más latente.