La petrolera de bandera YPF confirmó a principio de mes que realizará una suerte de reconversión para apostar todo al petróleo no convencional de Vaca Muerta. Con un boom en esa zona desde hace varios años, lo cierto es que según los especialistas todavía se está lejos del potencial. Por este motivo, tanto la estatal como otras compañías grandes pelean por incrementar sus operaciones en esa parte de Neuquén y hasta se explora qué hay en la parte mendocina de Vaca Muerta en Malargüe.
En este marco, YPF anunció que se desprenderá de 55 áreas a nivel nacional que producen petróleo y gas convencional en campos maduros. De ellas, 16 se encuentran en Mendoza y esa desinversión podría derivar en distintos escenarios que llevan bastante tiempo. Entre el más favorable se encuentra que otras compañías se hagan cargo de estas áreas que todavía tienen petróleo para ofrecer, pero ya no son interesantes para empresas como YPF.
Todavía YPF no formaliza el proceso licitatorio ni las distintas acciones que tomará con las áreas en juego. En este marco, existe zozobra entre los trabajadores de las muchas firmas que trabajan para YPF o son una suerte de subsidiarias debido a que temen quedarse sin empleo durante este traspaso. El Centro de Economía y Política Argentina (CEPA), un centro de estudios ligado al kirchnerismo, estimó que entre empleo directo e indirecto se puede estimar que la decisión de YPF pone en riesgo a más de 10 mil trabajadores y una importante cantidad de pymes.
De hecho, en otras provincias, ya se han comenzado a adelantar licencias debido a la incertidumbre y al freno lógico hasta que el cambio se efectivice. Aunque la mayoría espera un proceso ejecutivo y rápido, lo cierto es que tampoco puede hacerse en dos días debido a la magnitud de las inversiones. De este modo, el proceso podría durar entre dos y tres meses luego de su inicio.
En este marco, el informe del CEPA, una entidad ideológicamente asociada con el peronismo, advirtió sobre los impactos de esta jugada de YPF. En este marco, desde CEPA se explicó que el proceso de inversión en Vaca Muerta se comporta en espejo como una desinversión en el resto de los yacimientos maduros. “En este sentido, la estrategia de YPF es riesgosa para las provincias de las cuales se va a retirar. El modelo 4X4 YPF se podría resumir en la siguiente lógica: Achicar la producción marginal para agrandar la potencial”, definió el informe.
En Mendoza, las áreas que se ofrecerían serían las siguientes: El Portón, Barrancas, Cerro Fortunoso, El Manzano, La Brea (ya revertida), Llancanelo, Llancanelo R, Puntilla del Huincán, Río Tunuyán, Valle del Río Grande, Vizcacheras, Cañadón Amarillo, Altiplanicie del Payún, Chihuido de la Sierra Negra, Puesto Hernández y La Ventana.
Incertidumbre
Según el informe de CEPA, las áreas de las que se desprenderá YPF producen el 60% del petróleo convencional y el 40% del gas, también convencional. En Mendoza, lo que se produce en estos cambios maduros representa el 65% de la actividad del sector. “En este contexto, la decisión de YPF resulta de mayor importancia en la industria nacional de hidrocarburos”, destacó el análisis. Esto, en el marco de un declino en la producción que se verifica desde hace años.
Desde el 2009, la caída de producción de Mendoza es superior al 40% con un pronunciado descenso del ritmo de perforaciones que se amesetó en 2020 y 2022 debido a los estímulos fiscales. En síntesis, la caída de la producción de petróleo en Mendoza acumula una disminución cercana al 30 % en los últimos 8 años, lo que impactó fuerte en la recaudación. “Los ingresos en concepto de regalías pasaron de representar del 26,6% de los recursos tributarios provinciales al 9,14% en los últimos 16 años”, puntualizó CEPA.
En este marco, YPF concentra en Mendoza más del 60% de la actividad en declinación con 3.500 pozos de los cuales la mitad están inactivos. “Sin detalles concretos aún definidos, se sabe que el plan de YPF contempla entre 14 y 16 áreas, cuyo vencimiento opera entre 2025 y 2027”, expresó el informe que agregó que por el corto plazo y cualquiera sea lo que suceda en el futuro, se requerirán mayores plazos para permitir inversiones.
Los caminos de YPF
Aquí, CEPA aclaró que la petrolera tiene tres posibilidades. Una es que en cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos 17319 decida rescindir la concesión, camino que llevaría a una paralización productiva de los yacimientos hasta una eventual concesión posterior que podría demorar más de dos años. La segunda opción es que decida la tercerización de la operación por acuerdo con otro operador en donde la responsabilidad ante la provincia seguiría en manos de YPF. Para ello hay que prorrogar los plazos de la concesión que, para permitir el recupero de las inversiones adicionales necesarias, vendría de la mando de incentivos como reducción de regalías y otros.
La tercera posibilidad que tiene YPF con estas áreas en campos maduros es decidir directamente la venta a otras compañías de perfil mediano más enfocadas en la producción marginal. El Gobierno, a través de la Dirección de Hidrocarburos, deberá evaluar la solvencia económica, financiera y técnica de los interesados. Es en este supuesto donde entran en el radar, operadores petroleros más pequeños, que apuntan a un negocio de escala, como Jet Oil y Aconcagua Energía.
En este marco y ante una fuerte incertidumbre, el análisis de CEPA expresó que el proceso de desinversión en yacimientos convencionales de YPF existe desde hace al menos una década y que la compañía mantiene en Mendoza una posición dominante de mercado. A esto se suman pasivos ambientales potenciales de 3500 pozos de los que 1750 están inactivos y deberían cerrarse definitivamente. “Se trata de un enorme costo de remediación ambiental”, precisó el informe.
Con malas noticias para el sector, desde CEPA explicitaron que en un mercado altamente concentrado, es un enorme desafío encontrar sustitutos aptos (con solvencia técnica y económica financiera) en forma rápida para reemplazar la salida de un jugador clave. Empresa que, además, tiene enormes barreras de entrada en el mercado del upstream (producción primaria). “Los gobiernos provinciales deberán tomar decisiones sobre el futuro de las cuencas y esto solo es posible si YPF actúa en forma coordinada con cada provincia”, cerró el informe al tiempo que abrió una gran incógnita.