El gobierno de Javier Milei modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de acelerar el ingreso de capitales al país y, con ellos, estimular la entrada de dólares frescos frente a la necesidad de divisas.
Mediante el Decreto 940/2024, el Ministerio de Economía definió las condiciones, plazos y requisitos que regulan la operatividad del RIGI. De esta manera, las empresas quedaron habilitadas para presentar sus proyectos a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
RIGI: el Gobierno busca acelerar el ingreso de inversiones
La iniciativa permite a firmas argentinas o extranjeras desarrollar inversiones en sectores como petróleo y gas, minería, energías renovables, foresto industria, siderurgia, tecnología, infraestructura y turismo. Para aplicar al programa, los interesados deben desembolsar al menos US$ 200 millones.
«Este régimen, que queda operativo a partir de la Resolución 1074/2024, apunta a dar previsibilidad, seguridad jurídica y fija reglas claras para el desarrollo de proyectos, en especial con potencial exportador, impulsando así el empleo y el crecimiento del país», destacaron desde Economía.
En concreto, la resolución oficial define los detalles de los beneficios arancelarios, fiscales y cambiarios de la reglamentación, los sujetos que pueden recibirlos y las mercaderías alcanzadas, contemplando la intervención de proveedores locales.
A propósito de estos últimos, se les brinda «iguales condiciones para producir y vender bienes de capital a los titulares de los proyectos, denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU)». El plazo para la aprobación de la hoja de ruta de inversión son 45 días, desde su postulación en TAD.
Los cambios del RIGI para fomentar las inversiones
- Sucursal Dedicada: Se redefine el concepto de «Sucursal Dedicada» como una entidad que debe tener como único objetivo el desarrollo de un proyecto único bajo el RIGI.
- Importación de mercaderías: Se especifican los tipos de bienes que pueden ser importados por proveedores adheridos al RIGI, centrándose en los «insumos y bienes intermedios destinados exclusivamente a la transformación y/o perfeccionamiento industrial que resulte en otro bien identificado como ‘Bien de Capital (BK)’ y/o ‘Bien de Informática y Telecomunicaciones (BIT)’; y a los los bienes finales identificados como ‘Bien de Capital (BK)’ y/o ‘Bien de Informática y Telecomunicaciones (BIT)»’.
- Provisiones no concretadas: Los proveedores pueden adherirse al RIGI para provisiones no concretadas, pero deberán mantener la mercadería almacenada sin derecho a uso y notificar a la Autoridad de Aplicación sobre cualquier avance.
- Transferencia de mercadería: Se restringe la transferencia de mercadería importada bajo el RIGI a terceros sin autorización de Economía, garantizando que se paguen los tributos correspondientes.
- Condiciones para Proyectos de Exportación Estratégica: Se introducen condiciones específicas para mantener la adhesión de proyectos de exportación estratégica, y se prevén sanciones por incumplimientos.
- Baja Voluntaria del RIGI: Se permite a los Vehículos Productivos Únicos (VPU) solicitar la baja voluntaria del RIGI bajo ciertas condiciones, incluyendo la no existencia de sumarios infraccionales.
- Incentivos Fiscales: Se suspende el pago de ciertos impuestos para importaciones relacionadas con el RIGI, lo que facilita la adquisición de insumos necesarios para proyectos.
- Mecanismos de Resolución de Disputas: Se incorporan cláusulas que obligan a resolver disputas mediante mecanismos establecidos, garantizando un proceso de resolución eficiente.
Otras especificaciones del RIGI
El RIGI habilita a las provincias a adherirse y otorgar beneficios adicionales para las empresas que inviertan, además de la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica del régimen nacional, que determina que no se le podrá aumentar la carga tributaria a los proyectos involucrados por 30 años.
Rio Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba son algunos de los distritos provinciales que ya se sumaron a la iniciativa nacional. Otros se encuentran evaluando las ventajas y las desventajas de formar parte de las exenciones fiscales.
A la vez, el decreto reglamentario definió como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía y creó una comisión evaluadora conformada por la jefatura de Gabinete y en la que intervienen las distintas carteras que operan bajo la órbita de Luis Caputo: la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas.
«A su vez, la Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de Política Industrial, será la encargada de evaluar técnicamente a los VPU. De esta manera, los proyectos que se postulen serán evaluados en primera instancia por el área de competencia primaria en el tema y será el Ministerio de Economía quien dictamine su viabilidad, por recomendación de la comisión evaluadora», indicaron fuentes oficiales.