YPF está intentando cerrar el traspaso de varias de los yacimientos convencionales que puso en venta bajo el paraguas del Proyecto Andes, la iniciativa con la que la petrolera bajo control estatal apunta a desprenderse de campos maduros en varias provincias a fin de concentrar su inversión en Vaca Muerta. La medida es un pilar estratégico del plan 4×4 que diseñó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, que aspira a cuadriplicar la producción de hidrocarburos de la empresa hacia fines de esta década.
YPF firmó a fines de octubre la cesión de cuatro bloques en Chubut a manos de Pecom e intenta avanzar con su salida de otras provincias como Río Negro, Mendoza y Neuquén, aunque para eso necesita del aval de las gobernaciones provinciales, que deben aprobar el ingreso de las nuevos operadoras y en muchos de esos casos, autorizar una extensión por 10 años de las concesiones en cuestión. Ese proceso podría demandar aún de varias semanas.
A la mayor petrolera del país le queda, sin embargo, un duro hueso de roer, uno que incluso, si no obtiene los resultados deseados en los tiempos previstos, podría contaminar todo el proceso de salida de reservorios convencionales. Se trata de Santa Cruz, donde YPF opera unos 25 bloques hidrocarburíferos en el flanco norte de la provincia, dentro de la cuenca del Golfo San Jorge.
En esos campos, la petrolera perderá unos US$ 300 millones por el plan de inversiones realizado en 2023, según datos publicados por este medio en mayo de este año. Para purgar sus costos operativos, es clave poder traspasar esas áreas a compañías independientes que estén enfocados en la eficientización de esos yacimientos. El propio Marín declaró en marzo que una vez que YPF logre salir de Santa Cruz, el costo de producción de la empresa se reducirá a la mitad. Eso permitirá mejorar su balance y en consiguiente, amplificar su ratio crediticio.
Estrategias
En lo que va del año, YPF ensayó tres estrategias diferentes para intentar ceder la operación de sus concesiones santacruceñas, entre las que se destacan áreas como Los Perales–Las Mesetas, Cañadón León–Meseta Espinosa, y Cañadón La Escondida-Las Heras. Hasta el momento, ninguna logró sentar en una mesa de negociación realista al gobernador Claudio Vidal, que en su carácter de titular de los bloques debe validar formalmente el traspaso de las áreas.
La primera, lanzada en el primer trimestre, consistía en revertir las áreas directamente a Fomicruz, la empresa del estado santacruceño, y costear el pago de una serie de obras de infraestructura en la provincia, así como también reconocer un monto para remediar a futuro los pasivos ambientales remanentes en los yacimientos. La segunda, que se empezó a bosquejar cuando se frustró la primera porque las partes no se pusieron de acuerdo económicamente, exploró la posibilidad de incluir las áreas de Santa Cruz en una segunda ronda del Proyecto Andes que la petrolera puso en cabeza del banco Santander.
Allí se cristalizó el interés por los campos de otros privados. No son muchos, pero en esa lista figuran Pecom, brazo petrolero del Grupo Perez Companc, que desembolsó más de US$ 120 millones para adquirir las áreas que vendió YPF en Chubut; Roch, la petrolera fundada por Ricardo Chacra, que visualiza a los campos santacruceños como una oportunidad de reinvención tras algunos años complicados en el plano financiero; Patagonia Resources, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, que busca retomar el camino iniciado en la industria de Oil&Gas en los ‘80 a través de Glacco, una firma del grupo familiar que operó unos 10 bloques en la cuenca del Golfo en los ’90 que luego vendió a Petrolera San Jorge; y Crown Point, petrolera del Grupo ST, que lideran los empresarios Pablo Peralta y Roberto Domínguez. Los bloques de YPF en Santa Cruz también podrían ser del interés de Capsa, la mayor petrolera independiente del país, aunque la empresa quiere estudiar a fondo la estructura operativa y el potencial de los bloques antes de tomar una decisión.
La segunda estrategia no pudo avanzar, en parte, por la dificultad de YPF para atomizar la negociación entre varios actores cuando, históricamente, la explotación de la veintena de campos que posee en Santa Cruz está fue diseñada como una sola unidad operativa, por lo que las facilities (plantas de tratamiento, instalaciones de agua y electricidad y red logística, entre otras) son compartidas por la mayoría de los bloques. Eso dificulta la posibilidad de particionar y subdividir las áreas.
Posiciones en pugna
A raíz de eso, YPF empezó a explorar hace dos o tres meses una tercera alternativa: negociar una cesión de las áreas a CGC, la petrolera que preside Hugo Eurnekian, para que sea la empresa de Corporación América la que lidere el proceso de readecuación operativa de los campos maduros junto con el resto de las petroleras interesadas.
Fuentes privadas indicaron a EconoJournal que CGC, el mayor productor de hidrocarburos en la provincia, venía estudiando un proyecto técnico y un modelo contractual para hacerse cargo en forma conjunta con otras empresas de los yacimientos en Santa Cruz, pero advirtieron que ese proceso se interrumpió en la última semana al constatar que el gobernador Vidal no termina de validar el proceso de achicamiento de la estructura productiva en los bloques.
El mandatario santacruceño podría arribar a Buenos Aires mañana jueves o el viernes para retomar el contacto con YPF, aunque aún no hay certezas sobre el rumbo que tomarán esas conversaciones. Aunque directivos de la compañía llevan meses intentando acercar posiciones para encontrar una solución sistémica que viabilice una salida lo menos traumática posible de la provincia, Vidal mantiene una postura crítica del rol de la petrolera. “YPF no puede salir así como así. No es tan fácil. Tiene que discutir la remediación de los pasivos ambientales en la provincia. No puede irse de un día para otro”, afirmó ayer por la noche en comunicación telefónica con este medio.
La posición de YPF es clara: la petrolera dejará, de una u otra manera, la operación petrolera en Santa Cruz. Marín reconoció ayer, en una videoconferencia disponible para todos los empleados de la empresa, que la organización pierde millones de dólares en la provincia patagónica, por lo que necesita encontrar una válvula de salida antes de que finalice el año. Si la cesión se concreta de manera ordenada, mejor. Pero si no, la empresa tiene decidido forzar un traspaso, dejando de cubrir los costos de los contratos de servicios que hoy están en ‘stand by’ desde el primer cuatrimestre del año, lo que motivó que entre 1500 y 2000 empleados directos e indirectos de YPF estén cobrando un sueldo sin realizar tareas en los campos petroleros.
Fecha de vencimiento
Esa realidad tiene fecha de vencimiento: el 1º de enero de 2025 dará de baja los contratos de servicios que no tengan una contraprestación efectiva. Sobre lo que existe un consenso unánime es que, con los costos operativos que tiene hoy YPF, no es rentable seguir perforando pozos nuevos en las áreas santacruceñas porque la mayoría pierde plata.
Sí se podría, en caso de optimizar la estructura de gastos, realizar trabajos de reparación (workover) y pulling de perforaciones existentes. Pero todo el personal asignado a los equipos de perforación —YPF posee unos cinco en la provincia— debería ser desafectados en los próximos meses. Esa es la agenda que a Vidal y a Rafael Güenchenen, secretario del sindicato petrolero santacruceño, les cuesta digerir.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y los comicios de medio términos, que hasta hace algunos meses parecían lejanos, empiecen a configurarse en el horizonte. Ingresar a una carrera electoral con la agenda petrolera convulsionada en la provincia no parece ser un buen negocio para ninguno de los actores involucrados. Salvo, tal vez, para Pablo González, ex presidente de YPF y principal responsable de la pérdida de competitividad de la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández, que quiere encabezar la lista de disputados nacionales por el peronismo y podría beneficiarse si la descomposición de YPF en Santa Cruz que él mismo contribuyó a crear termina por descarrilarse.