Para el Gobierno es un hecho. “Impsa va a ser la primera privatización”, dijo confiado un funcionario que sabe que las negociaciones para vendérsela a Arc Energy entraron en tiempo de descuento. Este lunes vence el período de mejoramiento de condiciones de oferta que había solicitado el Ejecutivo y representantes de la firma estadounidense admitieron que esperan recibir la adjudicación de la empresa metalúrgica el 20 de diciembre.
Asimismo, comenzaron a revelar algunos secretos sobre su plan de negocios, hasta ahora desconocido. “Buscamos exportar y reemplazar las grúas chinas que hoy están en Estados Unidos”, señalaron. Esto representaría todo un giro, si se considerara que antes la firma fundada en 1907 por Enrique Pescarmona proveía turbinas a Venezuela.
Los plazos originales de la privatización indicaban que este lunes iba a ser la fecha en la que el Gobierno debía decidir si adjudicaba o rechazaba la oferta que presentó Arc Energy para quedarse con el 84,9% de las acciones de Impsa que estaban en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza.
Sin embargo, tal como relataron los interesados en adquirirla, el viernes 6 de diciembre el Ejecutivo solicitó un tiempo de mejoramiento de condiciones de oferta, considerado clave para cerrar la operación.
“El tema es que habíamos presentado una oferta condicionada”, explicó una fuente que participa del proceso desde la parte de Arc Energy. ¿Cuáles son las condiciones que la compañía le agregó a su propuesta de capitalización de US$27 millones? Reestructuración de la deuda, actualización de los montos de los contratos de Impsa con distintas sociedades del Estado y la resolución de importaciones temporales que generaron compromisos impositivos pendientes de pago.
¿De qué se trata cada una de estas condiciones? La deuda de Impsa, según números del Gobierno, asciende a US$500 millones con bonistas internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fuentes vinculadas a Arc Energy desestimaron que esto pueda funcionar como un inconveniente. Incluso, confían que los acreedores pueden aceptar una propuesta de reestructuración después de la posible adjudicación del Gobierno. “Saben que si no arreglan con nosotros tienen que volver a negociar con el Gobierno”, lanzaron. Por lo tanto, la primera traba no parece ser un problema.
El segundo factor ubica al Estado como gran protagonista. Arc Energy reclama que, antes de tomar poder de Impsa, el Gobierno actualice todos los contratos que tiene firmados con la empresa fundada por la familia Pescarmona, cuyos montos sufrieron el embate de la inflación. Según el sitio oficial Comprar, la compañía tiene al menos 10 contratos adjudicados a su favor desde 2022. La mayoría de ellos fueron celebrados con el Estado Mayor General del Ejército.
Y el tercer punto coloca a Impsa y a la exAFIP, actual ARCA, en veredas enfrentadas. ¿Por qué? “Hay que arreglar un asunto de importaciones temporales”, sostuvieron las fuentes vinculadas a Arc Energy. Esta historia remite directamente a negocios que Impsa no llegó a cobrar de sus clientes en Venezuela. “Hay turbinas que nunca salieron del país porque Venezuela no las pagó”, afirmaron. ¿Cómo se relaciona esto con el fisco? La empresa incurrió al régimen de importaciones temporales que exime el pago de derechos de importación cuando ese bien luego es exportado, entre otras condiciones. En este caso, la operación nunca concluyó. Por lo tanto, debería pagar los impuestos y una pena económica, establecida por el Código Aduanero.
Vale realizar una pequeña revisión histórica para entender cómo llegó Impsa a esta situación. La compañía supo ser una gran multinacional que participaba en obras de infraestructura vinculadas a la energía.
Sin embargo, la competencia con otras empresas de la región, que contaban con mejor financiamiento, como las brasileñas, entre otras cuestiones, la desgastó y comenzó a aislarla de los grandes negocios. En 2014 entró en cesación de pagos. Cuatro años más tarde, la familia Pescarmona cedió el control de la firma a otros accionistas.
En 2020 sus autoridades le pidieron ayuda a la gestión de Alberto Fernández para sostener a la firma que acumulaba un pasivo millonario en dólares y no podía hacer frente al salario de sus trabajadores. Un año más tarde, el Gobierno nacional adquirió el 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza, el 21,2%. El resto permaneció en manos privadas.
Impsa está a punto de volver a cambiar de dueños con un perfil inimaginado hace pocos años. De los negocios a Venezuela podría cambiar a las exportaciones hacia Estados Unidos, cuyo próximo presidente, Donald Trump, impondrá fuertes protecciones en su país contra los productos chinos. Por eso, lo que antes eran turbinas ahora podrían transformarse en grúas, tal cual adelantaron los hombres vinculados a Arc Energy que ven el calendario y se ilusionan con llegar al fin de la negociación el próximo viernes. “Esto es como una piñata, van cayendo todos los caramelos pero todavía falta el más rico”, concluyeron.
El otro capítulo de esta historia es que la gestión de Javier Milei podrá exponer su primera privatización, también impensada cuando el oficialismo peleaba por el listado de la Ley Bases con las empresas que podrían ser vendidas. Impsa pasó lejos de los reflectores pero avanzó rápido. Mientras tanto, el futuro de Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales, Nucleoeléctrica, Enarsa, y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio continúa con un signo de interrogación.