Paradojas del destino. En 2012, fallidos negocios en Venezuela marcaron el comienzo del declive de Impsa; ahora, un grupo de empresarios de ese país será justamente el encargado de intentar recomponer la imagen internacional y las complicadas finanzas de la exPescarmona, que acumuló una deuda cercana a los 570 millones de dólares.
Esta semana se firmó el acuerdo por el cual el Estado nacional y la Provincia de Mendoza vendieron su participación en Impsa al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo socio principal es ARC Energy. Sin embargo, los principales directivos del grupo comprador son oriundos de Venezuela, aunque desde años viven en Estados Unidos.
Cuando finalicen los complejos trámites legales de la operación, IAF controlará el 84,9% de las acciones de la empresa mendocina. El 9,8% de su capital social sigue en manos de un fondo dominado por los acreedores de la compañía y el 5,3% restante pertenece a un fideicomiso de capital controlado por la familia Pescarmona.
El nuevo directorio de Impsa
Uno de los requisitos impuestos por IAF fue la “renuncia de los miembros del directorio y sindicatura sin derecho a reclamo alguno por ningún momento, al momento del cierre definitivo del Contrato de Compraventa”. Ese punto se cumplió y el nuevo equipo que comandará Impsa ya fue presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Jorge Salcedo Hernández es un abogado venezolano especializado en fusiones y adquisición de empresas que fue designado como presidente de la firma mendocina.
En su presentación en el sitio web del estudio jurídico Ferrari & Associates, con sede en Washington, se destaca que “brinda representación legal, asesoramiento y consultoría sobre los matices de los diferentes programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.
La OFAC administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales contra determinadas jurisdicciones y regímenes extranjeros, así como contra personas y entidades que participan en actividades (terroristas, narcotraficantes internacionales, contrabandistas de armas, entre otros), que ponen en riesgo la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.
Jason Arceneaux, la cara visible de la negociación por la parte privada, es uno de los directores titulares. Se trata de un empresario venezolano afín a Donald Trump, al punto de aportar a la campaña del republicano. En 2011 fundó ARC Energy, con base en Houston (Texas) y se dedica a brindar servicios de alquiler, diseño y producción de equipamientos para la industria del petróleo y el gas.
Hidalgo Socorro también es director titular de Impsa. Empresario nacido en la ciudad venezolana de Maracaibo, en 2016 fue noticia por una investigación por presunto lavado de activos en Guatemala. Todo comenzó cuatro años antes, con la compra de acciones preferentes del Banco de los Trabajadores (Bantrab) por parte de la empresa DHK Finance Inc, establecida en Panamá y de la que Socorro era presidente y representante legal.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala detectó las inversiones sospechosas de DHK Finance Inc en el Bantrab y advirtió que podría ser dinero ilícito, lo cual originó la denuncia y las acciones de la Fiscalía ante el Juzgado de Extinción de Dominio.
Durante la investigación se ordenó el congelamiento de 20 millones de dólares y el decomiso de un avión relacionados con el accionista venezolano con residencia habitual en Miami. Desde su entorno negaron cualquier ilícito e indicaron que se trató de una “operación” para desprestigiarlo.
Socorro también era propietario o accionista mayoritario en compañías que prestaron servicios a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En 2023, un juez en La Haya falló a favor del empresario y ordenó a la empresa estatal venezolana pagarle 32 millones de dólares por una operación de compraventa de una flota de 42 remolcadores que, según denunció la oposición, se realizó con un sobreprecio estimado en 110 millones de dólares.
Juan Manuel Domínguez también ocupará una banca en el directorio de Impsa, cumpliendo además la función de vicepresidente. Es un experto argentino en comunicación institucional, licenciado en relaciones públicas, representante en el país del Inter Miami (equipo donde juega Lionel Messi) y desde 2016, socio en América Latina de Balsera Communications.
IAF también nombró a dos directores suplentes. Uno de ellos es Alfredo “Freddy” Balsera, un consultor político y lobbysta cubano-estadounidense, fundador de Balsera Communications, quien se desempeñó como asesor de medios hispanos de Barack Obama durante las campañas presidenciales de 2008 y 2012, pero que a la vez trabajó a nivel empresarial con Trump. Además, en 2021 gestionó algunos de encuentros en Estados Unidos del por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas norteamericanos.
El restante es Juan Ramón Carvallo, un arquitecto venezolano que desde marzo de 2024 se desempeña como socio gerente de IAF.
Quiénes controlarán a IAF
La compradora de Impsa además designó a tres síndicos titulares. Dos de ellos, Martín Alejandro Mittelman y Joaquín Eppens Echagüe, son miembros del estudio de abogados DLA Piper Argentina. Se trata de un bureau con antecedentes importantes en Mendoza, ya que participó en el proceso de selección de la firma que se quedó con la explotación del yacimiento Potasio Río Colorado.
Uno de los socios de ese reconocido estudio jurídico es Marcelo Etchebarne, que tiene vínculos con José Luis Manzano, propietario de Compañía Minera Aguilar, la elegida para llevar adelante el millonario emprendimiento en Malargüe.
El tercer síndico titular es Cristian Azar, que entre 2018 y 2024 se desempeñó como gerente general del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Luego pasó a formar parte del equipo de Impulsa Mendoza, como gerente del área jurídica de la empresa conducida por el Estado mendocino que promueve la minería en la provincia.
Azar es un abogado especializado en derecho comercial y societario cercano a los ministros Jimena Latorre (Energía y Ambiente) y Natalio Mema (Gobierno). Su desembarco en Impsa fue una propuesta del gobierno provincial, aceptada por los compradores de la exPescarmona.
Su misión será controlar que se cumplan todos los puntos del acuerdo, entre ellos el cronograma de desembolsos de 27 millones de dólares de capitalización de Impsa, comprometidos por IAF. Un dato que destacan en Casa de Gobierno es que Azar fue el representante de Mendoza en la comisión que evaluó y propuso aceptar la oferta del grupo estadounidense, condicionada a algunos puntos que se cumplieron antes de la firma del contrato.